Una Nación sin Estado
ARCADI ESPADA
Extracto del artículo publicado en El Mundo 10/11/2014.
Frecuentemente, y
desde que el presidente Mas convocó el 9 de noviembre, el presidente Rajoy se
negó a responder a la pregunta: «Qué hará usted si el presidente Mas decide
sacar las urnas a la calle.» Yo, como otros cientos, también se lo pregunté un
mediodía en La Moncloa. Su respuesta parecía sincera y cerraba casi por
completo la posibilidad de la repregunta. Su respuesta era: «No me cabe en la
cabeza que el presidente Mas no cumpla la ley».
Pues ya le cabe.
Durante este aciago
domingo español el presidente Rajoy ha debido de sufrir una terminante ampliación
de cabeza. Su homólogo catalán no sólo ha incumplido la sentencia y la
instrucción del Tribunal Constitucional sino que no ha disimulado el alarde.
Que la Fiscalía venga a por mí: ése ha sido su tajante mensaje a la ley.
Ningún demócrata
debe prestar la más mínima atención a los resultados de la mascarada organizada
por la Generalidad de Cataluña y su juego sucio con la democracia. Ningún
extremo del 9 de noviembre cumple con las garantías mínimas que la decisión
democrática exige. A este inane voto presuntamente independentista todo sigue
saliéndole gratis y la mascarada sólo acentúa la espiral de irresponsabilidad y
frivolidad en que han caído buena parte de los ciudadanos de Cataluña.
Alentados, por cierto, y es descorazonador decirlo desde el oficio, por un
periodismo que, prestándole los modos, el léxico y la cobertura de una
verdadera operación democrática, se ha erigido en la más potente herramienta
legitimadora del simulacro.
La gravedad de este domingo no reside, así, en el desafío independentista
sino en el desafío a la ley. En realidad, la independencia sigue
sin ser el verdadero objetivo de los nacionalistas. Incluso los más acérrimos
militantes de la cruzada saben que la independencia sería un negocio ruinoso,
al menos para una generación de catalanes. Detrás de la fantasmal invocación
del derecho a decidir no ha habido nunca más que el derecho a mandar. Y desde este punto de vista, el
9 de noviembre ha supuesto un éxito incontestable para el presidente Mas.
La verificada humillación al Estado complacerá, sin
duda, al nacionalismo, pero traerá
innobles consecuencias a la democracia española. Entre ellas una nueva cota
de desafección de una ciudadanía ya muy castigada por la pérdida de confianza
entre los ciudadanos y sus representantes. En este sentido, el 9 de noviembre
supone una forma de corrupción moral y
política del sistema extremadamente dañina. No hay justificación razonable
a la posibilidad de que un alto cargo institucional incumpla la ley y pueda
seguir ejerciendo su función. Y lo más feo del asunto es que ya no afecta sólo
al presidente Mas. Es decir, no sólo
afecta al que incumple la Constitución, sino también al que no la hace cumplir,
pese a la instrucción de su primordial y solemne juramento.
Las noticias son
también malas para la política partidista. La única estrategia visible del
presidente Rajoy era la ley y su fracaso es constatable y de largo alcance:
entre la desafección generada estará la de muchos votantes y militantes del
Partido Popular. Tampoco los partidarios de alguna presunta tercera vía pueden
sentirse reconfortados. Es improbable que algún pacto duradero y profundo pueda
alcanzarse a partir del quebranto de la ley y de su exhibición jactanciosa.
Aunque bien es verdad que en algún sentido puede haber habido un acercamiento:
ya parecen ser dos naciones sin Estado las que de tú a tú negocian.
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