Reforma constitucional

¿Reforma constitucional?, ¿Para qué?

Artículo de José Bidaria.

No niego que haya aspectos de la actual Constitución española que necesitan actualización. Pero de todas las cuestiones que las fuerzas políticas proponen actualizar hay una que plantea serios interrogantes y que constituye por sí misma una enmienda a la totalidad de la actual Constitución. Me estoy refiriendo a la introducción o no del derecho de autodeterminación de las Comunidades Autónomas. Este planteamiento pondría en cuestión cuál debe ser el sujeto de la soberanía popular. La contestación a esta pregunta tiene varias respuestas según el color político de quien la responda. Las posiciones se articulan principalmente en torno a dos polos opuestos: los que creen que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, tal como señala actualmente la Constitución, y la de aquellos que creen que, reconociendo el derecho de autodeterminación, la soberanía puede recaer, en distinta medida, en las Comunidades Autónomas que conforman el “Estado Español”. Las posiciones concretas de ambas posturas se resumen de la manera siguiente:

Los partidarios de la soberanía única e indivisible en manos del pueblo español.

En primer lugar, la de aquellos que piensan que el sujeto de la soberanía no debe tocarse. Sólo cabría modificar aspectos menores de la Constitución para ponerla a la altura de los tiempos.

En segundo lugar, la de aquellos que, situados en uno de los extremos, opinan que no se debe variar el sujeto de la soberanía nacional. Piensan además que se debe tocar la Constitución para centralizar ciertas competencias asumidas en la actualidad por las Comunidades Autónomas (educación, sanidad, medio ambiente, policía, etc.).

En tercer lugar, están los que piensan que asegurando y sellando las competencias de las Comunidades Autónomas, mediante una Constitución federal, con un acuerdo entre las partes, se podría solucionar el descontento actual de algunas de esas Comunidades, especialmente de aquellas llamadas históricas.

Los partidarios del derecho de autodeterminación de las Comunidades Autónomas que cuestionan la soberanía única.

En este apartado se sitúan en primer lugar los que son partidarios de reconocer el derecho de autodeterminación de las Comunidades, aunque no serían partidarios de la independencia. Se procedería en este caso a realizar las reformas constitucionales pertinentes respetando en grandes líneas el marco actual.

En segundo lugar aquellos que, ejerciendo el derecho de autodeterminación, creen que la única solución sería lograr la independencia de las Comunidades que lo deseen, si la mayoría de su población lo desea.

Finalmente están aquellos que, reconociendo el derecho de autodeterminación, se inclinan por una fórmula confederal. Aquí se trataría de articular una forma de unión con otras Comunidades, dejando prácticamente unos pocos lazos de unión en el Estado central y reservándose para si la mayor parte de las competencias de los servicios públicos. Siempre estaría abierta la puerta a su salida de la confederación si la población de la Comunidad autónoma así lo desea y de esta manera poder acceder a la independencia.

Estos son los planteamientos principales de la cuestión de la soberanía en una posible reforma constitucional y que constituye el mayor reto en la reforma de la misma. Ante estos planteamientos vuelvo al título de este artículo. ¿Es posible la reforma constitucional? ¿Para qué?

Resulta difícil conciliar las posiciones. En principio la postura socialista de Constitución federal parece una postura conciliadora. Pero la realidad es muy tozuda y se impone. Después del 9-N del 2014, el nacionalismo ha demostrado que su objetivo no es cambiar la Constitución, sino derogarla, y la insistencia socialista en reformarla para hacer frente al desafío es un error histórico, porque implica descargar la responsabilidad del problema en el texto constitucional, y no en la deslealtad nacionalista. En un asunto de Estado, el PSOE vuelve a estar en el sitio equivocado.

Todo ello me lleva a pensar que el deterioro del régimen político español es tal que el principio de legalidad se tambalea; y que las relaciones de fuerza nos indican que ni el soberanismo tiene capacidad para romper unilateralmente con éxito con España, ni el Gobierno español es capaz de neutralizar al soberanismo de forma eficaz. De esta realidad debería partir cualquier estrategia política.

Mi postura es que en el tema de la soberanía los dos bloques de pensamiento descritos ocupan posiciones antagónicas totalmente irreconciliables. Por ello, el acuerdo con los dirigentes actuales resulta imposible. Tal vez la solución esté en una nueva generación de dirigentes políticos.