Presos y realidad social

Presos y realidad social

ROGELIO ALONSO, EL CORREO 25/03/13

Los actos de la barbarie etarra aparecen como una anécdota lejana en ese lenguaje que miente con la intención de favorecer los intereses de los presos.

La izquierda nacionalista radical y ETA encuentran aliados en algunos partidos democráticos al exigir una «flexibilización de la política penitenciaria». Ese eufemismo aparentemente inocuo esconde la exigencia de injustos beneficios para terroristas condenados por delitos de extrema gravedad. Lo hace presentando esa aspiración del entorno etarra como condición necesaria para un loable fin como la erradicación de la violencia. Sin embargo, estos artificios retóricos distorsionan la realidad del terrorismo, facilitando la difusión de la responsabilidad que sólo ETA –y no el Estado– debe asumir. Con ese fin se exigen cambios en la política penitenciaria apelando a una supuesta «nueva realidad social» que diluye interesadamente el terrorismo, pero bajo la que subyacen amenazas veladas: si el Gobierno resiste la coacción política y social con la que se le presiona, rechazando beneficios a asesinos convictos y colaboradores de una organización terrorista como ETA, el Estado será responsable de obstaculizar lo que la banda denomina un horizonte de paz, o sea, un escenario de impunidad.

La manipulación se completa apelando a una legalidad que, aducen, «obliga» a «hacer gestos» ante una «nueva realidad social». Ese hipotético «nuevo tiempo» es el pretexto para exigir cambios a los que en absoluto obliga la ley. Se desvía así la atención de una realidad política y social diferente: los presos de ETA se niegan a cumplir los requisitos que el Código Penal ya les brinda, con no poca generosidad, para obtener beneficios penitenciarios. Se intenta además eliminar la necesaria rendición de cuentas que la ley exige mediante la función retributiva que la pena debe contener. La insistente repetición de tan engañosas ideas disfraza una realidad que, sin embargo, existe y no debería ignorarse si se desea evitar que la violencia y su amenaza dejen de reportar beneficios a quienes las practican.

Los actos de la barbarie etarra aparecen como una anécdota lejana en ese lenguaje que miente con la intención de favorecer los intereses de los presos. Se prioriza en cambio una ‘realidad social’ que descriminaliza a quienes siguen sin asumir su responsabilidad y su culpa por las flagrantes violaciones de los derechos humanos cometidas. Esa ‘nueva realidad social’ ofrece a los presos la coartada para eludir la reparación por el daño infligido a nivel individual y colectivo mediante la deslegitimación del terrorismo practicado, el riguroso cumplimiento de sus penas y la colaboración para esclarecer los cientos de asesinatos sin resolver.

Ya en 2007, al justificarse cesiones al entorno terrorista con trampas similares, Maite Pagazaurtundua denunció: «Se habla con frivolidad de los días sin muertos. No son días sin muertos, son días sin atentados, porque los asesinatos son irreversibles, y cada día desde el asesinato de un ser humano es para sus seres queridos un día más con muerto, porque el duelo del terrorismo no se cierra mientras no se realiza justicia, la concreta de que los responsables encaren su responsabilidad ante la sociedad, y la general que consiste en derrotarlos, no en apañarse con los que no han respetado la vida y la dignidad de los demás y no se sienten responsables por todo ello».

Quienes apelan a la ‘realidad social’ y al cumplimiento de la ley para propugnar una impunidad encubierta ocultan que negar a los presos de ETA inmerecidos beneficios no solo es legal sino, además, eficaz. Lo demuestra la impunidad política de la que hoy gozan los representantes de ETA en las instituciones democráticas después de que su legalización llegara sin la disolución de la banda: a pesar de incurrir en los supuestos que el Constitucional y el Gobierno definen como intolerables su comportamiento carece de sanción. Estas formas de impunidad contribuyen a falsear la dimensión política del terrorismo, pues evidentemente los etarras no son presos políticos, al contrario de lo que proclama su propaganda, pero sí asesinos que han asesinado para imponer un proyecto político que aún justifican. Esa dimensión política es la que obliga a rechazar una distinción favorable para criminales a los que precisamente por el hecho de haber recurrido al terrorismo se les ofrece una indulgencia impensable para otros violadores de derechos humanos.

Estas injusticias poseen graves consecuencias políticas y sociales. Las reivindicaciones a favor de los presos etarras, ya sea en la forma de excarcelaciones anticipadas y escalonadas o acercamientos, no son ajenas a los objetivos políticos del movimiento terrorista. Mediante esas apelaciones a una perversa normalización que normalice la impunidad se pretende instaurar una nueva transición con la que suplantar aquella que permitió el tránsito de un régimen dictatorial a la democracia. Se persigue anular el proceso de transición y democratización, considerado por muchos nacionalistas como un periodo no plenamente democrático al no haber incorporado a ETA y a la izquierda nacionalista radical. Así pues, se corre el riesgo de legitimar la narrativa terrorista que ha presentado la democracia española como carente de legitimidad, justificando en consecuencia el terrorismo. Ese sería el resultado que acarrearía la descriminalización de los asesinatos cometidos por ETA, como sucedería si se aceptara la innecesaria e injusta «flexibilización de la política penitenciaria» por la que se presiona no solo desde el entorno terrorista.