Un modelo político agotado.

Un modelo político agotado

Rodrigo Tena, notario.

El Mundo (30/04/2012).

El único aspecto positivo de la profunda crisis que atravesamos quizá sea disponer de la siempre interesante oportunidad de presenciar, en primera fila y a tiempo acelerado, el derrumbe de un sistema político, aunque eso sí, con el grave inconveniente de no saber cuánto va a durar todavía, qué va a sustituirlo y, especialmente, cómo va a hacerlo.

Es necesario asumir que esta crisis deriva de un conjunto de incentivos perversos que afectan necesariamente a todo aquel que ocupe el poder jugando con las reglas ahora en vigor.

No existen incentivos para ejecutar estrategias a largo plazo. Más aún, la dirección de los partidos está apoyada en un extenso y trabado régimen clientelar que disuade de adoptar medidas de adelgazamiento y racionalización del sector público. Como hemos visto con los actuales presupuestos, los recortes se centran en la inversión y en los servicios públicos esenciales, mientras se permite que las numerosísimas entidades y empresas públicas, al disminuir sus ingresos, sigan consumiendo el grueso de sus presupuestos en su propio mantenimiento. Un sistema de organización territorial abierto y en constante mutación fomenta que la ambición personal de poder se imponga siempre a la racionalidad y a la eficiencia.

Una partitocracia tan cerrada como la nuestra impide asumir responsabilidades por las derrotas. Los candidatos repiten hasta la extenuación, sin más aval que el apoyo del aparato del partido que, evidentemente, ellos han montado a su imagen y semejanza por la fácil vía de respaldar a su vez a aquellos fieles que han probado su lealtad en los momentos difíciles.

La consecuencia es una dirección política sin verdaderos incentivos para asumir reformas estructurales claves para el futuro del país. Pedir a los políticos que se olviden de sus intereses particulares y se sacrifiquen por el interés general es no comprender cómo funciona este sistema partitocrático que hemos construido entre todos. Los líderes con personalidad y visión de Estado capaces de asumir ese riesgo (y hasta de salir airosos) son muy escasos, y de cualquier forma no son los que selecciona y promueve este sistema.

Nuestro sistema no ha sido capaz de conseguir que nuestros políticos prefieran el Derecho Público a sus intereses partidistas, y está en camino de conseguir que a los ciudadanos de a pie les ocurra lo mismo. Medidas como la amnistía fiscal o los indultos a financieros y políticos corruptos no ayudan a generar la necesaria adhesión al sistema, imprescindible para garantizar su supervivencia.

Cuando un sistema político llega a este punto, está condenado a cambiar. Puede hacerlo inteligente o traumáticamente, tras un largo y agónico proceso de degeneración. En la mayoría de los casos suele pasar esto último. Las inercias creadas por los intereses en juego son demasiado poderosas como para que el cambio se haga desde dentro.

Ahora bien, es necesario comprender que la temida intervención desde fuera por la UE o el FMI, de producirse, no solucionará ningún problema. Los acreedores se preocuparán solamente de lo suyo, no de refundar el Estado en beneficio de las nuevas generaciones. La simple amenaza de la intervención tampoco resultará lo suficientemente motivadora para emprender reformas clave. La reacción se limitará, como ya estamos viendo, a intentar aplacar a los acreedores sin poner en riesgo las propias prerrogativas, acudiendo antes que a eso, si es necesario, a las peores estrategias de la razón de Estado, como demuestra la citada amnistía fiscal.

El resultado más previsible, por tanto, será un escenario de creciente desafección y contestación social, en el que los nacionalistas intentarán aprovechar la oportunidad para forzar la máquina y lograr así su aspiración secular, fomentando aún más la crispación y la dificultad de llegar a un consenso.

Reformar la actual estructura territorial no implica mayor centralismo, sino un federalismo moderno sin solapamientos, corresponsable y con competencias claramente deslindadas. Reformar nuestra partitocracia no implica acabar con los partidos políticos, sino extender a este ámbito la transparencia (cosa que no hace el actual anteproyecto), modificar nuestra ley electoral y garantizar una muchísima mayor participación ciudadana en la designación de candidatos. Con ello se trata simplemente de restaurar el principio de responsabilidad que es, en definitiva, la clave de bóveda de todo diseño institucional que aspire a crear prosperidad. No son reformas técnicamente difíciles. Sólo exigen voluntad política. Pero los incentivos están en contra.

No es infrecuente que, inmersos en profundos procesos de cambio político y social, los ciudadanos que los sufren no sean verdaderamente conscientes de su trascendencia. Suele ser precisamente esa ignorancia la que hace que las inercias se perpetúen y la degeneración final conduzca a rupturas indeseables. La realidad siempre se abre camino contra todos los intentos de negarla. Conocerla es el primer paso para que nuestra preocupación por lo inmediato ceda frente a nuestros futuros intereses colectivos.