Un tratado contra la democracia
Extractos
comentados de un artículo de Daniel Reboredo publicado en el Correo el 19 de
enero de 2015.
Después de seis años
transcurridos desde el colapso financiero, seguimos sufriendo las consecuencias
de una crisis creada y hábilmente manejada por sus causantes. De nuevo somos
maltratados por las medidas que supuestamente la combaten y que sólo pretenden
imponer el neoliberalismo en la economía global del mercado, eliminando, una
vez más, los controles y regulaciones que defienden el interés general, bajo la
excusa de favorecer el crecimiento. Pero esto no ha acabado sino que es la
antesala de lo que nos espera.
Los mismos que nos
metieron en esta debacle son los que se postulan como adalides que nos sacarán
del entuerto. Pura hipocresía y engaño pues su labor sigue en marcha.
Desregular a marchas forzadas, para su propio uso y beneficio, aunque caigan
muchas personas por el camino.
Así vemos que una de
sus últimas propuestas se articula en el llamado “Tratado Transatlántico de
Comercio e Inversiones (TTIP) entre EEUU y la Unión Europea cuyas negociaciones
siguen en marcha con gran opacidad. Con el tratado se pretende liberalizar los
servicios públicos entregándoselos a las grandes empresas, desregulando lo que
suponga costes y aumentando así su beneficio.
Viene muy a cuento
recordar que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) ocasionó
sólo en EEUU la pérdida de un millón de empleos. Pues bien, todo esto volverá a
ocurrir como consecuencia del TTIP.
El principal objetivo
de ese tratado no es estimular el comercio, eliminando aranceles entre los dos
bloques, ya bajos en la actualidad, sino que pretende eliminar las barreras
reguladoras que limitan los beneficios de las corporaciones transnacionales.
Estas barreras no son otras que normativas y derechos sociales, laborales,
medioambientales, de seguridad alimentaria, de defensa de los servicios
públicos, de uso de materias químicas tóxicas, de protección a la privacidad en
Internet, de garantías de ámbito bancario, introducidas en su día para prevenir
crisis financieras como la de 2.008. Una vez más la codicia condiciona la sana
economía de las empresas.
Además, se trata de
privatizar sectores claves como la educación y sanidad públicas y lo que es más
preocupante posibilitar que tribunales de arbitraje internacionales puedan
estar por encima de las legislaciones nacionales lo que pondría al capital
transnacional al mismo nivel que el Estado-nación con lo que se socavaría los
principios básicos de la democracia que se dan a si mismo los países.
Igualmente, las
conversaciones se están llevando con opacidad, sin ningún tipo de detalle, para
hurtar a la opinión pública la verdadera naturaleza del tratado a fin de cerrar
cuanto antes las negociaciones antes de que la ciudadanía de la UE y EEUU
descubra la verdadera naturaleza de lo que se quiere acordar.
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