viernes, 6 de febrero de 2015

Un tratado contra la democracia.



Un tratado contra la democracia

 


Extractos comentados de un artículo de Daniel Reboredo publicado en el Correo el 19 de enero de 2015.

Después de seis años transcurridos desde el colapso financiero, seguimos sufriendo las consecuencias de una crisis creada y hábilmente manejada por sus causantes. De nuevo somos maltratados por las medidas que supuestamente la combaten y que sólo pretenden imponer el neoliberalismo en la economía global del mercado, eliminando, una vez más, los controles y regulaciones que defienden el interés general, bajo la excusa de favorecer el crecimiento. Pero esto no ha acabado sino que es la antesala de lo que nos espera.

Los mismos que nos metieron en esta debacle son los que se postulan como adalides que nos sacarán del entuerto. Pura hipocresía y engaño pues su labor sigue en marcha. Desregular a marchas forzadas, para su propio uso y beneficio, aunque caigan muchas personas por el camino.

Así vemos que una de sus últimas propuestas se articula en el llamado “Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre EEUU y la Unión Europea cuyas negociaciones siguen en marcha con gran opacidad. Con el tratado se pretende liberalizar los servicios públicos entregándoselos a las grandes empresas, desregulando lo que suponga costes y aumentando así su beneficio.

Viene muy a cuento recordar que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) ocasionó sólo en EEUU la pérdida de un millón de empleos. Pues bien, todo esto volverá a ocurrir como consecuencia del TTIP.

El principal objetivo de ese tratado no es estimular el comercio, eliminando aranceles entre los dos bloques, ya bajos en la actualidad, sino que pretende eliminar las barreras reguladoras que limitan los beneficios de las corporaciones transnacionales. Estas barreras no son otras que normativas y derechos sociales, laborales, medioambientales, de seguridad alimentaria, de defensa de los servicios públicos, de uso de materias químicas tóxicas, de protección a la privacidad en Internet, de garantías de ámbito bancario, introducidas en su día para prevenir crisis financieras como la de 2.008. Una vez más la codicia condiciona la sana economía de las empresas.

Además, se trata de privatizar sectores claves como la educación y sanidad públicas y lo que es más preocupante posibilitar que tribunales de arbitraje internacionales puedan estar por encima de las legislaciones nacionales lo que pondría al capital transnacional al mismo nivel que el Estado-nación con lo que se socavaría los principios básicos de la democracia que se dan a si mismo los países.

Igualmente, las conversaciones se están llevando con opacidad, sin ningún tipo de detalle, para hurtar a la opinión pública la verdadera naturaleza del tratado a fin de cerrar cuanto antes las negociaciones antes de que la ciudadanía de la UE y EEUU descubra la verdadera naturaleza de lo que se quiere acordar.

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