Menos ingeniería

Menos ingeniería

KEPA AULESTIA

 EL CORREO 08/06/13

Ni la paz necesita un proceso, ni la convivencia precisa más que leyes, un mínimo de empatía social y un cierto sentido colectivo de lo que está mal y de lo que es mejor.

La insistente utilización del concepto «proceso de paz» tiende a confundir la realidad que vive la sociedad vasca con el hábitat particular que con esas y otras palabras –como «resolución del conflicto»– han construido sus más fervientes publicistas. Un día se habla de que el proceso de paz está en marcha, otro de que corre el riesgo de empantanarse, al siguiente de que es necesario darle un nuevo impulso. Afortunadamente se ha atemperado el discurso maniqueo, que llegó a ser amenazador, que distinguía entre quienes estaban por el «proceso» –y por tanto por la paz– y quienes estaban contra el «proceso» y eran por ello acusados de querer perpetuar el «conflicto armado». Hoy aparece más esporádicamente como reproche al inmovilismo del Gobierno de Rajoy. Hasta ayer mismo era insistente la mención a «los demás procesos» convertida en lugar común del hábitat construido para facilitar a ETA su toma de decisiones, endosando al Estado y a la sociedad la responsabilidad de ofrecer una Euskal Herria más a su medida.

El problema ha surgido al percatarse sus promotores de que ni el Gobierno español ni el Gobierno francés están por la labor de entrar en el juego de la bilateralidad o de la multilateralidad para la «resolución del conflicto». La solución, al parecer expuesta esta misma semana en Londres por Lokarri, es la de animar un proceso de paz que no cuente necesariamente con los mencionados gobiernos. Se trataría de abrir aquí una vía genuina y diferenciada a la paz, a partir de la unilateral decisión de ETA de cesar definitivamente en su actividad armada. Todo con el fin de salvar un proceso que en realidad no existe como tal más que dentro del hábitat construido por sus patrocinadores. Y no existe, finalmente, porque ETA ha dejado de existir como amenaza latente. La arquitectura que –intento tras intento, Aiete tras Aiete– se trata de trasplantar desde el plano a la realidad política y social acaba fallando no, como podía objetarse hace un tiempo, debido a la «cerrazón de los gobiernos». Decae porque los ciudadanos ya viven la paz y no están dispuestos a participar en la recreación del conflicto a cuenta de seguir ideando una solución alambicada a un problema inexistente tal cual lo describen los ingenieros de la perfección.

La pretensión de una verdad canónica sobre la paz ha acabado afectando a la idea misma de convivencia. La presencia del término tanto en el título de la ponencia parlamentaria como en la denominación de una secretaría general del Gobierno vasco sugeriría que las instituciones han de jugar algún papel en el tema. Pero la dificultad de definir cuál ha de ser ese papel no es casual. Es verdad que una sociedad requiere algo más que de leyes e instituciones representativas para convivir como tal. Ha de darse también un amplio juego de valores más o menos compartidos y de renuncias más o menos explícitas, de expresiones públicas de libertad e incluso de silencios. Pero resulta absurdo idear la convivencia como una suerte de ingeniería social siguiendo procedimientos y rituales predeterminados. De la misma manera que la paz existe en Euskadi desde el momento en que la violencia física se ausenta, los ciudadanos vascos convivimos sin más aditamentos que las leyes, una mínima empatía y un cierto sentido de lo que está bien y lo que está mal. La inmensa mayoría de la sociedad vasca ni tiene ni siente problemas de convivencia o de reconciliación. La convivencia es como la paz, es fácil identificar cuándo se quiebra; se quiebra cuando alguien considera inevitable hacer el mal para procurar el bien.

Nadie está moralmente obligado a soportar al vecino de enfrente más allá de lo que dicta el sentido de la coexistencia en torno al mismo rellano de la escalera. No se requieren redes especiales de complicidad para convivir en el día a día. Nada resulta más peligroso para la convivencia que pretenderla perfecta. Los asuntos pendientes y los conflictos que surjan precisarán vías de salida que en ocasiones no serán solo legales o institucionales. Pero ello en ningún caso significa que ha de construirse todo un edificio para la convivencia. Resulta contradictorio apelar a la participación activa de los ciudadanos en algo tan natural como es convivir. Ni la convivencia puede ser un diseño que obligue a la gente a ser partícipe de un ritual que exorcice el demonio que algunos puedan llevar dentro.

Un condenado estará sujeto a obligaciones para certificar su disposición a reinsertarse en la sociedad como vía que aligere su pena. Pero ningún ciudadano como tal puede verse obligado a condenar el terrorismo para seguir viviendo en sociedad. Basta con que no dé vivas a la muerte del prójimo, porque en ese momento actuará la ley. Una víctima del terrorismo no está obligada ni a requerir la solicitud de perdón por parte de sus victimarios ni a perdonar a quienes se lo pidan. Hasta el victimario podrá convivir sin retractarse del mal causado mientras se le exige públicamente que reconozca el daño cometido.

Las imperfecciones de la convivencia son morales y se irán superando más por obra del tiempo que por un voluntarismo pretendidamente redentor. Y lo que está claro es que a los ciudadanos no se nos puede obligar a la liturgia de darnos fraternalmente la mano a cada instante. Menos ingeniería en esto de vivir en paz.