El derecho a decidir

El derecho a decidir ¿para qué?

Artículo de José Bidaria

Por derecho a decidir, en su sentido más amplio, se entiende el derecho a la participación política propio de los derechos ciudadanos en las democracias.

Sin embargo, el derecho a decidir, sin más concreciones, no existe en ninguna norma constitucional o internacional. La participación política ciudadana viene acotada, en el espacio y en el tiempo, por lo que marcan las leyes de cada país y muy específicamente por los límites que imponen la Constitución como ley de leyes. Por tanto no es válido extender el derecho a decidir a todo el campo de la acción política. Debe determinarse ese derecho para un fin determinado en el espacio y en el tiempo.

El problema surge cuando se quiere ejercer ese derecho colisionando con otros derechos primarios anteriores que es preciso determinar en el espacio y tiempo. Así, el derecho a decidir sobre la autodeterminación de un territorio que forma parte de un Estado. En este caso concreto, el ejercicio de ese derecho puede entrar en conflicto al establecer quién es el sujeto de la soberanía para ejercer tal derecho. Y aquí surge el conflicto entre los que dicen que el sujeto de soberanía es indivisible y reside en el conjunto de la ciudadanía de un Estado y aquellos que desean que ese derecho sea reconocido, en lo tocante a la autodeterminación, en aquella parte del territorio, dentro de ese Estado, que quiera ejercerlo por entender que existen derechos históricos, sentimientos nacionales o diferencias étnico-lingüísticas que deben ser reconocidas y les hacen acreedores a ejercer ese derecho.

La defensa numantina de ambos extremos es irresoluble. Por ello, el problema de la configuración política de un Estado democrático allí donde confluyan diferentes sentimientos nacionales, es uno de los grandes retos que tienen ese tipo de Estados y es de muy difícil solución. Se requieren mayorías cualificadas para dotar a esos Estados de una estabilidad institucional. De otra manera la estabilidad será solamente coyuntural y a largo plazo la inestabilidad será la norma recurrente en el tiempo.

Lo malo es que la inestabilidad trae consecuencias muy negativas, tanto de orden interno como externo. Por un lado, las de orden interno, de consecuencias imprevisibles para la gobernabilidad de cualquier gobierno en el mejor de los casos. De otra, las de orden externo socabarían la confianza de otros países hacia el Estado de que se trate y de manera muy especial por la falta de confianza de las instituciones financieras que impedirían acudir a los mercados financieros con el consiguiente deterioro de la economía y como consecuencia de ello el empobrecimiento del país o el colapso económico.

Es como para pensarlo seriamente y dejarse de eufemismos que tratan de confundir.