El 'paraíso esloveno'

Desbarra Quim Torra con su vía eslovena y engaña con la invención de un país de leyenda, enraizado en la incultura y en el uso y abuso de la mentira histórica

Extracto del artículo de DANIEL REBOREDO Miércoles, 12 diciembre 2018.

Las recientes declaraciones del presidente de la Generalitat, Quim Torra, lo incluyen en el elenco de la necedad al desconocer aquello de lo que habla y al estar impregnadas, al igual que todo el discurso del catalanismo radical, de orgullo, prejuicio, vanidad e incluso maldad si de verdad conociera lo que acaeció en la pequeña república exyugoslava. Conviene recordar lo que allí ocurrió para valorar su iniciativa. La República de Eslovenia se declaró independiente el 25 de junio de 1991, tras un enfrentamiento armado con las fuerzas armadas federales de Yugoslavia en un breve conflicto denominado 'Guerra de los diez días' o 'Guerra de Eslovenia', que provocó más de sesenta muertos y miles de heridos.

La idílica y pintoresca Eslovenia, con su flamante panorama de la vida en la nueva Europa, sus esfuerzos de mejora, su espíritu comunitario, fue la que los eslovenos nos transmitieron al resto de los europeos. Pero lo que intentaron ocultar fue uno de sus fantasmas recientes, la 'limpieza étnica administrativa de los borrados', o lo que es lo mismo una de esas situaciones tan habituales en los Estados que nacen de la noche a la mañana y en los que, como Eslovenia, la homogeneidad étnica es clara, y que se manifiesta en el repudio, la marginación y la expulsión de los grupos minoritarios.

La muerte de Tito y la depredación de algunos países europeos junto con Estados Unidos hicieron desaparecer Yugoslavia. Pero tras el fallecimiento del dirigente yugoslavo, el país se mantenía sin mayores conflictos y las leyes de la federación preveían que cada ciudadano tuviera también una segunda ciudadanía, la de la república en la que había nacido, además de un tercer documento que certificaba la residencia en una de las seis repúblicas. Sin embargo, el 26 de febrero de 1992, el nuevo Estado decidió eliminar, mediante un procedimiento secreto y sin informar a los interesados, del registro de residentes a todos los que no habían solicitado la ciudadanía eslovena en los seis meses posteriores a la independencia. Entre los miles de 'borrados', que a menudo descubrieron por casualidad su nueva situación, había sobre todo serbios, croatas, bosnios, macedonios, gitanos, pero también eslovenos nacidos en el extranjero o en Eslovenia con nacionalidad yugoslava y documentos sin regularizar.

La principal consecuencia de su eliminación del registro fue que se convirtieron en residentes ilegales en el país, dictándose contra muchos de ellos órdenes de expulsión que les obligaron a abandonarlo, incluso hacia zonas de guerra como Croacia o Bosnia. Al considerarlos extranjeros o apátridas sin derecho de residencia permanente en Eslovenia, los 'borrados' no pudieron tener legalmente un empleo, perdieron las pensiones, la asistencia médica y el acceso a la educación. A pesar de que las presiones de la ONU y de Amnistía Internacional consiguieron que la Corte Constitucional eslovena condenara en dos ocasiones la ilegalidad y la anticonstitucionalidad de la medida, imponiendo al Gobierno en 2003, la obligación de recuperar la ciudadanía y los derechos de los afectados, así como de indemnizarlos, los sucesivos ejecutivos de Liubliana las obviaron cubriendo la cuestión con una pesadA losa de olvido.

Qué fácil sería 'borrar' de un plumazo a más del 50% de la sociedad catalana no independentista. Quizás sea este el sueño de Torra y el de otros incendiarios como los que hubo en Yugoslavia. Qué fácil es despertar el odio y las cuentas pendientes y convertir a pacíficos ciudadanos, intoxicados por la propaganda, en seres terribles capaces de hacer barbaridades que nunca imaginaríamos. Desbarra Torra con su vía eslovena, tropieza y engaña con la invención de un país de leyenda, enraizado en la incultura y en el uso y el abuso de la mentira histórica, proyectado por mentes fanáticas impostoras, impositoras y necias que pretenden que caminemos hacia un desastre que nadie cree que se pueda producir… y que, si continuamos por este camino, se producirá, tal y como ocurrió en aquella malhadada Yugoslavia destruida con la aquiescencia de Occidente.

Un pacto contrario a la Constitución

Javier Tajadura

El Correo (13-11-2018)

El acuerdo entre los partidos para repartirse los 20 vocales del Consejo del Poder Judicial y elegir al presidente del Supremo es inconstitucional y erosiona la independencia de los jueces

El próximo 4 de diciembre vence el mandato de cinco años del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se trata de un órgano constitucional fundamental para garantizar la independencia del Poder Judicial, elemento esencial del Estado de Derecho. Al Consejo le corresponde el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo y otros altos cargos judiciales, así como el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre jueces y magistrados.

Desde 1985, sus veinte vocales son designados por las Cortes Generales: diez por el Congreso y otros tantos por el Senado, por mayoría de tres quintos en ambos casos. Este procedimiento fue recurrido ante el Constitucional. Los recurrentes denunciaron que es inconstitucional porque permitiría que los partidos políticos representados en las Cortes se repartieran los veinte puestos a cubrir en función de su importancia numérica. De esta manera, indirectamente, a través de los vocales por ellos designados, los partidos podrían influir en el nombramiento de altos cargos judiciales. Es decir, el Consejo no sería otra cosa que un Parlamento en miniatura. Realmente, daría igual que fueran las Cortes las que efectuaran directamente los nombramientos de magistrados. El Constitucional resolvió el recurso diciendo textualmente: resultaría inconstitucional «que las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas (de vocales al Consejo) actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en este, atiendan solo a la división de fuerzas existentes en su propio seno y distribuyeran los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos». Sin embargo, el Constitucional no anuló la ley que regula el procedimiento de designación porque -con una ingenuidad tan asombrosa como irresponsable- dijo que el citado procedimiento de elección parlamentaria es constitucional a condición de que las Cortes elijan a los vocales por amplio consenso y sin proceder a ningún tipo de reparto por cuotas, lo que sí resultaría manifiestamente inconstitucional. Pues bien, esto último es lo que se ha hecho desde entonces.

Así, los partidos (con excepción de Ciudadanos, que se negó a legitimar con su participación el reparto) acaban de alcanzar un pacto para distribuirse las veinte vocalías. Y como es un episodio que, invariablemente, se repite cada cinco años, se asume con naturalidad. Frente a esa naturalidad, es preciso recordar que el acuerdo es contrario a la Constitución porque implica llevar a cabo un reparto del modo en que el propio Constitucional advirtió que resultaría inconstitucional. Este grave atentado contra la Carta Magna se perpetra cada cinco años. El Consejo de Europa nos ha advertido de que, con ello, la apariencia de independencia e imparcialidad de los altos cargos judiciales sufre una notable erosión. Los partidos prefieren mantener el control antes que atender esas sensatas advertencias.

Con todo, lo más grave es que los partidos no se limitan a repartirse las vocalías del Consejo sino que se autoatribuyen la función de nombrar directamente al presidente del Tribunal Supremo.

Efectivamente, la primera decisión que tienen que adoptar los veinte vocales es designar a otra persona distinta de ellos (el vocal número 21) como máximo responsable del órgano, cargo que lleva aparejado el de presidente del Supremo, la máxima autoridad judicial del Estado. La absoluta independencia y máxima 'auctoritas' del titular de este cargo es fundamental para el correcto funcionamiento del tribunal en sí, y del Estado de Derecho, en general. Por eso, esta primera decisión es fundamental, y ahí los vocales ponen a prueba su propia independencia partidista.

Pues bien, parece ser, una vez más, que los futuros miembros del Consejo General del Poder Judicial han renunciado a esa independencia y han 'pactado' nombrar presidente del Supremo a la persona escogida por los partidos. Ciertamente, ocurre que el escogido es un jurista de indiscutible prestigio, un magistrado del Supremo con una trayectoria ejemplar. Su valía para el cargo no se cuestiona. Por ello lo criticable no es el nombramiento en sí, sino el procedimiento para su designación. Las negociaciones interpartidistas y los pactos alcanzados ponen de manifiesto que han sido los partidos políticos los que, materialmente, han designado al presidente del Supremo. ¿Dónde queda la división de poderes?

De todas las formas posibles para designar al máximo responsable de ese tribunal, la adoptada es la peor. Su nombramiento debiera corresponder al propio Consejo del Poder Judicial y en ese sentido las presiones/instrucciones de los partidos son inadmisibles. Y, realmente, la separación de poderes y la independencia judicial estarían mejor garantizadas si se atribuyera al propio Supremo la elección de su presidente.

Esta renovación se produce además en un momento en que, por un lado, el prestigio del Supremo ha sufrido un duro golpe por la inexplicable gestión de las sentencias sobre el impuesto de las hipotecas; y, por otro, el tribunal se enfrenta a uno de los juicios más trascendentales de su historia, el que sentará en el banquillo a los responsables del golpe contra la Constitución en Cataluña. En este contexto, la renovación del Consejo no favorece la imprescindible imagen de independencia del Poder Judicial

Socializar la mentira

Socializar la mentira

ANTÓN LUIS HARANBURU ALTUNA (El Correo, 26-10-2018).

 

Las unidades didácticas sobre ETA exoneran de responsabilidad al nacionalismo institucional que compartió ideas y objetivos con el que ha practicado el terrorismo

Tras la derrota del nacionalsocialismo en Alemania, a Konrad Adenauer no se le ocurrió llamar a las escuelas a los miembros de las SS o la Gestapo para que explicaran a los niños de aquel país su percepción de la política o facilitaran la convivencia entre los germanos. Tampoco en la España posfranquista se llamó a los falangistas de Girón o Blas Piñar para que dieran su versión sobre lo acontecido durante la dictadura en aras de la reconciliación nacional. Pero en el País Vasco somos tan distintos y originales que convocamos a terroristas convictos para que expliquen a nuestros hijos y nietos su visión sobre la convivencia entre vascos.

La propuesta de unidades didácticas sobre el terrorismo realizada por Jonan Fernández tiene la virtud de concitar el rechazo unánime de cuantos aspiramos a vivir en un País Vasco libre de la opresiva mitografía nacionalista. Las unidades didácticas de Fernández tienen, en última instancia, la intencionalidad de socializar la mentira. Una mentira urdida por ETA y sus secuaces y apadrinada por el nacionalismo institucional, que pretende asentar su posverdad sobre el terrorismo nacionalista que ha asolado el País Vasco durante décadas.

Nada tiene de extraño que quienes un día pretendieron ‘socializar el sufrimiento’ pretendan ahora socializar su mentirosa posverdad. Una mentira basada en la concepción posmoderna de la verdad, que prima la subjetividad y la percepción en detrimento de la objetividad del dato. El dato concreto y la verdad constatable pierden su inmediatez asertiva cuando los sometemos a la perspectiva de la ‘longue durée’, al que se refería Fernand Braudel, pero ello no significa que su veracidad decaiga. La Historia, con mayúscula, cobra sentido cuando los hechos se analizan desde la perspectiva del largo periodo, pero pueden convertirse en mentira cuando se manipulan mediante la mezcla de datos, emociones, sentimientos y consideraciones ideológicas.

Ampliar el foco de análisis no siempre favorece la verdad y, a veces, es el instrumento para deformar los hechos y negar su veracidad. Es lo que la propuesta de Jonan Fernández hace al ampliar el foco del terrorismo a la represión franquista, a los excesos policiales y a los infaustos casos de tortura que contextualizan el terrorismo nacionalista de ETA. En esta amalgama de vulneraciones de los derechos humanos, el terrorismo etarra cobra plausibilidad como una violencia de respuesta a una situación opresiva y carente de garantías democráticas. El terrorismo se convierte, así, en una más de las vulneraciones de derechos que la ampliación del foco permite observar. Ni que decir tiene que, de este modo ,el terrorismo etarra encuentra su perfecta ubicación ideológica en la subjetiva teoría del conflicto que anima la pervivencia y reproducción del nacionalismo.

La existencia de un supuesto conflicto que enfrenta a los vascos con España es la piedra angular de la ideología nacionalista. Lo fue en su fundación por parte de Sabino Arana y lo sigue siendo en la actualidad como principal premisa ideológica. ETA llevó a su paroxismo la existencia del supuesto conflicto y ejerció el terror en nombre de dicha falacia. Porque el supuesto conflicto que enfrenta a España y al País Vasco no deja de ser una mentira interesada, que no resiste ni el análisis histórico ni la percepción mayoritaria de la población vasca. El supuesto conflicto elevado a categoría de mítico postulado no deja de ser otra mentira, pero ejerce una poderosa influencia sobre el imaginario del nacionalismo vasco. Sin el mito del conflicto, el nacionalismo vasco carece de sentido, ya que el conflicto entre España y los vascos configura su marco cognitivo y político.

Es por ello que las unidades didácticas que el Gobierno vasco pretende llevar a las escuelas insisten en mantener el mito del conflicto, enmarcando en él todas las violencias habidas desde 1936 hasta la actualidad. En este contexto interpretativo la violencia nacionalista de ETA es «una más» entre las violencias y encuentra su sentido en el marco epistémico del conflicto.

Junto al postulado del conflicto, la propuesta del Ejecutivo autónomo pretende exonerar de toda responsabilidad al nacionalismo institucional que nos gobierna desde hace cuatro décadas. La eventual autocrítica no va más allá de una falta de sensibilidad o, acaso, de una ausencia de empatía con las víctimas, pero en ningún caso asume la responsabilidad política de compartir objetivos e ideas con el nacionalismo que ha practicado el terrorismo. Es como si ETA y sus secuaces hubieran nacido por generación espontánea y nada tuvieran que ver con el ideario común al nacionalismo.

Las escuelas vascas tienen ya demasiada carga ajena a la adquisición del conocimiento y son víctimas de una sobrecarga política disfrazada de reconocimiento de lo propio. La escuela de Euskadi necesita liberarse de la función adoctrinadora y reproductora del nacionalismo cultural para ser útil y eficaz en la formación de las futuras generaciones vascas. El informe PISA, entre otros, señala las graves carencias de nuestro sistema educativo al que no es ajena la sobrecarga ideológica. La propuesta de Fernández-Urkullu va en la dirección de incrementar esa sobrecarga. El lehendakari ha solicitado aportaciones para mejorar la aberrante propuesta de Fernández, pero mejor sería que lo guardara en el más oscuro de los cajones. Socializar la mentira equivale a obturar el futuro de todos.

Violencia institucional en Cataluña

Violencia desde la Instituciones de Cataluña

(Extracto del artículo)

 

Araceli Mangas Martín (El Mundo, 25-10-2018)

Las instituciones políticas de Cataluña consumaron su calendario hacia la ilegal declaración unilateral de independencia hace un año.

Hubo hechos antijurídicos infinitamente más graves que los desórdenes. Proclamar la independencia fue deliberadamente programada y ejecutada desde las instituciones catalanas conforme a un plan de ruptura de la integridad territorial de un Estado democrático. Decidir desde el Govern y el Parlament que el territorio de la Comunidad Autónoma se separa del conjunto del Estado y constituye un nuevo Estado es la más grave violación de la soberanía nacional y de la Constitución.

Lo grave fue la violencia institucional desplegada y ejercida en un tracto sucesivo desde las dos instituciones centrales del sistema autonómico, el Parlamento catalán y su Gobierno. Los actos jurídicos sucesivos tienen su inicio inmediato en la Declaración del 9 de septiembre de 2015 que proclamó ya entonces la desobediencia general al sistema constitucional y su calendario con la aprobación de las dos leyes (de 6 y 7 de septiembre de 2017) que desembocaron en dos declaraciones de independencia de 10 y 27 de octubre de 2017.

La sucesión de actuaciones jurídico-políticas ejecutadas por los responsables del Parlamento y Gobierno catalanes y su propósito finalista son el núcleo del grave delito cometido. No se sirvieron de la fuerza armada sino de la coacción jurídica desde las instituciones para forzar la separación territorial y situarla al margen de la Constitución con una nueva legalidad fundada en las leyes de septiembre de 2017. La clave de su fracaso es que no hubo reconocimientos desde el exterior.

El hecho más grave que puede suceder en una sociedad nacional es decidir romper su integridad y declarar la independencia de una parte del territorio. Es la mayor perturbación interna con efecto internacional. ¿Cómo no va a ser delito alzarse contra todo el ordenamiento jurídico-constitucional de un país, desautorizar a todas las instituciones del Estado y apoderarse del territorio que pretenden desgajar? ¿Cómo hemos olvidado que hubo nada menos que dos declaraciones de independencia, precedidas de dos leyes aprobadas y en vigor, entonces, que desgajaban el territorio nacional? ¿Cómo puede un Estado estar tan indefenso frente a actos tan graves de coacción jurídica lanzados por instituciones político-legislativas regionales?

Hubo coacción institucional contra el conjunto de la soberanía nacional, su integridad territorial y el orden democrático y constitucional.

En España se permitió al Parlament y al Govern ejecutar su plan de violencia jurídico-política de apropiarse de una parte del territorio para fundar un nuevo Estado. Se les dio toda clase de expectativas, plena confianza de que podían llegar hasta el final, y que a lo sumo se utilizaría la vía de recurso ante el Tribunal Constitucional. Y no era un contencioso competencial como muchos. Se les dejó hacer, consumar sus delitos con tranquilidad cuando la obligación del Gobierno era prevenir el delito contra la Constitución.

La obligación del Estado (incluida la oposición democrática) era haber impedido por la vía político-constitucional, como es el artículo 155 CE, su propósito de erigir una estatalidad paralela. Si se hubiera encauzado la situación con determinación en la defensa de la Constitución, no habríamos entrado en el bucle de la república virtual ni en el judicial penal. Los jueces han entrado en la escena porque Gobierno del PP y oposición (PSOE, Cs y Podemos) no quisieron impedir el delito contra la integridad territorial y la Constitución. En España se permitió la comisión final del delito por un Gobierno de derechas inepto y cobarde, y una oposición de centroderecha y de izquierdas irresponsables y cortoplacistas que no defienden los valores constitucionales e intereses generales.

El ex presidente Felipe González ha afirmado que se debió utilizar el art. 155 con ocasión del primer acto de rebeldía institucional cuando Artur Mas convocó el primer referéndum en 2012. Pero ni el Gobierno de España ni su oposición democrática asumieron sus obligaciones constitucionales con la unidad nacional; sólo la Jefatura del Estado asumió el riesgo de la defensa de la Constitución democrática y de las libertades de todos los españoles, limitándose a recordar al Gobierno y poderes constitucionales sus obligaciones de defensa de la democracia.

De haber reaccionado entonces por la defensa de la convivencia en paz frente a la violencia institucional, nos habríamos ahorrado la grave fractura de la sociedad catalana y el afianzamiento de los partidos independentistas en la falsa realidad de la república proclamada. Ahora por no haberlo resuelto en su único cauce político-constitucional, hemos endosado el enjuiciamiento de toda esa violencia al Tribunal Supremo enredados en el inexorable bucle judicial penal.

Araceli Mangas Martín es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UCM.



Un Estado desarmado

Un Estado desarmado.

José Bidaria (24-9-2018)

Está comúnmente aceptado que la Transición Española fue un modelo de cambio político por el que los españoles decidimos enterrar el hacha de guerra que en los años de dictadura y desde la guerra civil había envenenado la convivencia.

Para ello se articuló un Estado democrático basado en la Monarquía Parlamentaria con un modelo de país descentralizado por medio de los Estatutos de Autonomía. Todo parecía que iba por buen camino. Durante años se pensó que se había superado, en buena medida, los problemas de convivencia. También parecía atenuado, sino resuelto, el encaje de aquellas autonomías que más problemas históricos habían dado en los dos últimos siglos.

Pero el diseño que se eligió para el Estado de las Autonomías tenía en su interior una carga letal que con el tiempo se está mostrando insuperable si no se corrige su situación actual.

Permítaseme una disgresión para retomar posteriormente el argumento anterior.

Es dificil asegurar la viabilidad de un estado moderno sin que su Gobierno Central disponga en sus manos de, al menos, los resortes indispensables en cinco competencias fundamentales: defensa, política exterior, política interior (política económica, política fiscal, seguridad), educación y medios públicos de comunicación. La descentralización, sin apenas limitaciones, de alguno de estos cinco elementos en otras estructuras territoriales de inferior rango será una espoleta retardada que provocará un daño irreparable en la fortaleza y consolidación del Estado y por tanto en la convivencia de sus ciudadanos. Será un Estado desarmado.

Hecha esta disgresión, vuelvo a mi argumentario: esto es exactamente lo que, a lo largo de los últimos años, estamos viviendo en España.

La descentralización del Estado, dotando de muy amplias competencias a las Comunidades Autónomas en educación, policía y medios públicos de comunicación, ha sido un error del que nos arrepentiremos. Los hechos son incuestionables. Si a esto añadimos que los sucesivos gobiernos están haciendo dejación de sus resposabilidades constitucionales, en estos tres temas, para poner coto a los excesos sistemáticos que se están llevando a cabo, el resultado no puede ser más explosivo. No hay mas que remitirse a los principales hechos actuales: adoctrinamiento en la educación, utilización sectaria de la policía y medios de comunicación públicos, y conculcación grave de la Constitución.

Vista la situación a la que se ha llegado, si queremos tener un Estado sólido y viable, no hay mas que un solo camino: replantaerse la forma y contenidos en que se está llevando a cabo la descentralización de las competencias trasferidas a las Comunidades Autónomas en materia de educación, policía y medios de comunicación públicos que eviten los actuales excesos cometidos, empezando por asumir el Gobierno Central sus actuales responsabilidades constitucionales, y no haciendo dejación de las mismas como así está ocurriendo.

La realidad nos ha demostrado que dejar en manos de las Comunidades Autónomas tan amplias competencias en las materias descritas es el mejor camino para dejar desarbolado y socabar los cimientos del Estado. Por ello, dotar al Gobierno Central de las herramientas indispensables para evitar los actuales excesos en materia de educación , policía y medios de comunicación públicos es urgente para garantizar los mismos derechos y obligaciones a todos los españoles que hagan viable una sana convivencia, según lo establecido en la Constitución.

Todo ello quedaría incompleto si no se modifica la ley electoral que garantice el principio democrático de un hombre un voto. Libres e iguales. El Estado no puede hacer dejación de este principio y dejar en mano de las Comunidades Autónomas ninguna ley electoral que, como se ha visto, abre el camino a la manipulación y al sectarismo.

Respeto a la Constitución y política educativa

Extracto del artículo "Razones para desconfiar"

 

• GABRIEL TORTELLA
• 18 sep. 2018.
  

Tanto el PP como el PSOE llevan cuarenta años inclinándose obsequiosamente ante las embestidas del separatismo. Uno, «no quería líos»; el otro, dice que quiere "normalizar la situación en Cataluña", como si "normalizar" fuera consolidar la división entre catalanes y el aplastamiento de los no separatistas. Hay razones muy poderosas para desconfiar. Aunque el PSOE avanzara en las elecciones, por la ventaja que tiene el que ostenta el poder, su política territorial no cambiaría gran cosa, porque carece de la visión y la valentía necesarias para enfrentarse con el separatismo.

La peor de todas las ideas de Sánchez (y ya es decir) en materia de política territorial es la de que el «modelo educativo catalán» es un éxito; es una idea pésima porque ese modelo ya existe y funciona a pleno rendimiento. Y, bueno, en cierto modo, sí, es un éxito; es un éxito para el separatismo. El sistema educativo catalán, tratando al español como un idioma extranjero secundario, y adoctrinando a los alumnos desde su más tierna infancia en el odio a España y en la "formación del espíritu nacional" catalán, es realmente, la célula madre del separatismo. Gracias a él, cada nueva generación es más separatista que la anterior, de modo que los hispanófobos no tienen que inquietarse; les basta un poco de paciencia y seguir agitando el cotarro.

Para jóvenes que no han sido educados en castellano, para los que el español es una lengua extraña, España es un país extraño también. A fuerza de «modelo educativo catalán», la barrera entre Cataluña y el resto de España es cada vez más alta. Por eso los separatistas ponen el grito en el cielo cada vez que se habla de restaurar el modelo de bilingüismo constitucional. Saben que el «modelo educativo catalán» constituye la llave infalible que, más pronto o más tarde, abrirá la puerta de la desconexión, y se aferran a él con uñas y dientes. La fórmula la inventó Pujol: escuela en catalán y, como dice el citado corresponsal, con un tinte nacionalista (a nationalist tinge; pero tinte es una palabra muy débil), los medios de comunicación al servicio del separatismo, lanzando consignas y aireando agravios imaginarios (nos odian, nos roban, nos oprimen, nos encarcelan, etc.).

Para los discípulos de Goebbels, una mentira mil veces repetida se convierte en verdad, y así ocurre en la Cataluña de hoy. La historia que se enseña en las escuelas catalanas es goebbelsiana pura. Por ejemplo: el franquismo sólo oprimió a Cataluña, la Guerra Civil fue una guerra de España contra Cataluña, lo mismo ocurrió en la Guerra de Sucesión, Cataluña es una nación y España no, Cataluña es la nación más antigua del mundo, porque ya lo era en el siglo XI, Cataluña también era una nación democrática y fue la victoria de Felipe V de Borbón lo que mató en flor aquel glorioso proyecto, Cataluña fue oprimida por Felipe V y sus sucesores, el catalán es una lengua perseguida en España (que es, dicho sea de paso, el único país, con Andorra, donde se habla, porque en Francia y en Italia se habló, pero ya prácticamente ha desaparecido. Es igual: es en España donde se oprime al catalán, y no hay más que hablar -en castellano, por supuesto-). Todo esto, y mucho más, es rigurosa y clamorosamente falso, y sin embargo todos los días se les enseña ex cathedra a los niños catalanes.

Así se explica una de las grandes peculiaridades de la política nacionalista en Cataluña. Cuantas más concesiones obtienen los secuaces de Pujol, cuanto más dinero reciben (ya se sabe que Cataluña es, con gran diferencia, la región más endeudada con el Estado español), más indignados están. Es que los catalanes no se indignan por lo que ocurre: ya vienen indignados del colegio. Si no se pone fin a esto, la independencia de Cataluña será un hecho más pronto o más tarde. Porque aún ahora los independentistas están en minoría sólo por un pequeño margen, pero adoctrinados desde la infancia, y diariamente reprimidos y acosados los constitucionalistas por el Govern separatista, que existe gracias a una injusta y obsoleta ley electoral, el vuelco está al llegar. Y sin duda la política del doctor Sánchez contribuirá a que ese vuelco llegue pronto.

El remedio a esta situación no tiene por qué ser violento. No hace falta policía, ni menos tanques (como querrían los separatistas). Bastaría con que el gobierno español dejara de subvencionar, en Cataluña y en toda España, las escuelas que no cumplan con el bilingüismo constitucional, que desacaten las sentencias de los tribunales, y que enseñen esa historia del "tinte nacionalista" que lava el cerebro de los niños catalanes y los llena de odio hacia el Estado que patrocina esas escuelas que lo denigran cinco días cada semana. El modelo educativo catalán será un éxito para los dos millones de votantes separatistas; pero para los restantes 44 millones de españoles, en especial, claro, para los catalanes no separatistas, ese modelo es una calamidad desastrosa y una constante amenaza. ¿Lo entiende usted, doctor? ¿O se lo explico con un gráfico?

 

 

Gabriel Tortella es economista e historiador, coautor, junto a J.L. García Ruiz, C. E. Núñez, y G. Quiroga, de Cataluña en España. Historia y mito (Gadir).

Una fina lluvia de odio

Fina lluvia de odio

Por José Miguel Fernández-Dols (3 junio, 2018).

Una de las primeras películas en color realizadas por la empresa Afga fue lo que hoy llamaríamos un spot turístico de Berlín con motivo de las Olimpiadas de 1936. La contemplación del paisaje urbano, en colores pastel, apenas es perturbada por la abundancia de banderas en los primeros minutos. Después la tónica dominante es una normalidad que, si no fuera por lo que sabemos, resultaría atractiva. Los soldados hacen relevos de guardia contemplados por los turistas, como se hace hoy en muchas capitales europeas. Las familias pasean por el zoo. Unos jóvenes toman el sol en la playa. La gente baila y toma cerveza. Quizás la imagen más conmovedora es la de un hombre que toma en brazos a una nena para bajar unas escaleras en Alexanderplatz. Uno se pregunta qué sería de ellos pocos años después, mientras los ve perderse en la lejanía.

Retrospectivamente sabemos que en 1936 la violencia ya se había apoderado de Alemania. La gente ya no hablaba con libertad, los niños eran adoctrinados sobre quienes eran “auténticos” alemanes, la historia se estaba reescribiendo. Debajo de los colores pastel del documental hay una espiral de violencia que está empezando a ganar velocidad llevándose por delante la sociedad civil y la democracia alemana.¿Por qué la gente seguía bebiendo cerveza, tomando el sol y paseando a sus hijos los domingos?

Fina lluvia de odio

La respuesta, que debemos a uno de los grandes expertos en el estudio psicológico del mal (Ervin Staub), es que la violencia más destructiva para una sociedad no es un acontecimiento aislado, por terrible que sea. Es un proceso, un continuo de destrucción, que comienza con un sistema de creencias que se traduce en una fina lluvia de odio: hechos “banales”; pequeñas agresiones psicológicas (por ejemplo, boicots, amenazas) o simbólicas (por ejemplo, ridiculizaciones). Luego vandalismo o calumnias difundidas en los medios sociales. A continuación agresiones físicas puntuales, aparentes “peleas de muchachos”.

Finalmente la fina lluvia da lugar a una tormenta devastadora que arrastra a verdugos y víctimas: formas de coacción e intimidación física que van adquiriendo una sistematicidad y peligrosidad potencialmente letal.

El proceso necesita un catalizador: la mirada complaciente, o el mirar hacia otro lado de los que no protagonizan esos actos y la indiferencia, la pasividad o la incompetencia de las autoridades encargadas de proteger a las víctimas.

Daño

¿Cómo es el daño que sufren las víctimas de este continuo de destrucción? La pregunta es importante porque para que un observador externo identifique tales hechos como violencia éste tiene que inferir daño en la víctima e intención en el agresor.

Más allá de la dimensión subjetiva de las intenciones del violento o del sufrimiento de la víctima, John Stuart Mill, uno de los grandes arquitectos de la concepción contemporánea de la democracia, proporcionó una aproximación al daño más objetiva que además explica por qué el continuo de destrucción es invisible en sus primeras fases, y por qué puede destruir una sociedad.

En Utilitarismo Mill señala dos causas de daño. Una de las causas de daño es particularmente insidiosa y muy relevante para explicar las primeras fases del continuo de destrucción: son aquellos actos en los que se priva a una persona de aquello que le es debido por ley, privándola de un bien físico o social que tenía esperanzas bien fundadas de disfrutar.

Como se ve, esa violencia por omisión es particularmente fácil de ejercer y especialmente difícil de denunciar porque no se describe a partir de hechos sino de expectativas, y porque las víctimas suelen tener la tendencia, muy frecuente en los seres humanos, a normalizar este tipo de situaciones para seguir viviendo.

Unos pocos cristales rotos, una pintada que alienta a no comprar en una tienda, un niño llorando porque lo han señalado como “impuro”. El tendero carece de la protección que parecen tener otros comerciantes y espera seguir vendiendo “cuando pase todo”. El niño ha sido privado de algunos de sus derechos fundamentales como niño y ser humano pero quiere seguir jugando.

Las víctimas caen en una trampa: si denuncian se señalan todavía más, creen que esos actos empiezan y acaban en sí mismos, esperan que la gente se olvide de ellos, ¿cómo protagonizar individualmente una denuncia grandilocuente de vulneración de derechos constitucionales cuando eres un individuo del que nadie parece preocuparse?

Héroes contra la Constitución

Tal situación de pasividad se agrava cuando los ciudadanos no son conscientes de cuál es, en las democracias occidentales, la fuente fundamental de lo que les “es debido” por parte de los demás ciudadanos y las instituciones: su Constitución y las leyes que se derivan de ésta.

La ignorancia de esos derechos o la falta de confianza en las autoridades encargadas de custodiarlos agravan su situación. La insignificancia aparente de las privaciones de los bienes físicos o sociales que esperaban recibir mantiene a las víctimas aisladas entre sí, enfrentadas a unos verdugos que extraen su fuerza precisamente de lo contrario, del sentimiento de que participar en las agresiones les convierte en miembros de una hermandad maravillosa, energética, heroica, que va a hacer su sociedad más pura a través de un plan que lleva siglos gestándose, escrito en los arcanos de la historia.

Si el proceso descrito por el continuo de destrucción sigue sus pasos naturales, algún día, sin previo aviso, empezarán las palizas o los tiros en las piernas para culminar con las bombas lapa en el coche (o en el pecho) y los tiros en la nuca. Y las víctimas sufrirán la segunda definición de daño de Mill, más congruente con lo que cotidianamente entendemos por violencia: el infligir sufrimiento directo mediante actos ilegales.

Podría argumentarse que los protagonistas de esos actos también se sienten agredidos y por eso llevan a cabo tales acciones pero la definición de Mill desnuda la falacia que encierra tal justificación. Típicamente esos ciudadanos se deberían regir por la misma Constitución que protege a sus víctimas pero justifican “lo que les es debido” en supuestos principios que no son constitucionales sino étnicos o identitarios. Lo que les es debido no está escrito ni consensuado, ni siquiera entre ellos mismos. Solo dicta claramente que deben ignorar su propia Constitución y privar a las víctimas de lo que les es constitucionalmente debido. Y así emprenden un camino destructivo, incluso para ellos mismos, en el que conceptos vacíos como “raza” o “destino histórico” sustituyen a las normas escritas, mientras son custodiados por unos guardianes de la ortodoxia que, si lo creen necesario, no dudarán en sacrificarlos para seguir avanzando hacia ninguna parte.

Un aviso

Este artículo es un aviso desde la Psicología.

Es difícil imaginar que, debajo de los colores pastel del documental del Berlín de 1936 los verdugos voluntarios ya están ahí, entre los que bailan o toman el sol.

Porque no vemos al joven o al niño que, en algún lugar, se está empapando lentamente de esa fina lluvia de odio que convierte la sociedad que le rodea en una historia de buenos, dispuestos a sacrificarse en nombre de los arcanos que la historia reserva para sus elegidos, y de malos; ladrones, animales o meros obstáculos, a los que primero se priva de su dignidad para luego ni siquiera respetar su integridad física.

Europa debe resistir

• CÉSAR ANTONIO MOLINA
• Extracto del artículo publicado en EL MUNDO (15 may. 2018)
  

Hay un retorno del viejo fascismo y del comunismo enmascarados en los populismos, además de un abandono en la fe democrática por parte de quienes la tendrían que defender. Los viejos fantasmas están resucitando y, si cabe, con más fuerza y con nuevas máscaras equívocas. Al descartar las humanidades en los planes de enseñanza, algo fundamental para comprender el mundo, el corazón humano, la sociedad y la civilización democrática, nos hemos entregado a una nueva barbarie.

El conocer y el saber exigía un aprendizaje, un ejemplo (la familia) y un esfuerzo que hoy no se proporciona. Y ese espacio vacío lo están ocupando los totalitarismos ideológicos, tecnológicos y económicos. Todo ello, paso a paso, conlleva la pérdida del espíritu democrático que nació y se desarrolló con fuerza en la confianza ilustrada, en el progreso humano, en la bondad natural, la racionalidad, las instituciones o los valores políticos y sociales de convivencia. Pero lo malo, y a veces lo peor, del ser humano retornó. Ha retornado con fuerza de virtud: la avaricia, el poder a toda costa, los deseos incontrolados, el interés personal sobre el colectivo, la irracionalidad reflejada en el miedo y la xenofobia. Porque uno de los mayores aliados de los sistemas totalitarios, hoy metamorfoseados en populismos es precisamente el miedo. Miedo a la crisis económica, miedo a la crisis social, miedo a la inseguridad, miedo a la inmigración, miedo de los ciudadanos a su orfandad, miedo a las guerras, miedo al progreso científico y pánico tecnológico a un ritmo por encima de la capacidad humana de asunción.

La democracia clásica está dando lugar a una "democracia de masas" regida por la ignorancia, el complejo de inferioridad (de ahí provienen fanatismos y sectarismos), el conformismo clientelar y, sobre todo, la frustración. Los totalitarismos de derechas o de izquierdas (tanto monta, monta tanto) siempre han estado latentes en el cuerpo vivo de la democracia de masas. Una carcoma lenta pero profunda. Los totalitarismos que traen las dictaduras, la violencia indiscriminada, el ocaso o eclipse de los valores morales, el retorno a una etapa precivilizatoria en la que se pone en tela de juicio lo que es la verdad, el bien común o la belleza.

La pérdida de los valores espirituales hace progresivamente desaparecer la moral, la cultura, el cultivo del espíritu, el cultivo del ser humano para elevarse por encima de los instintos y la naturaleza sanguinaria e irracional. Aquellos que permanecen esclavos de sus deseos, emociones, impulsos, temores o prejuicios, al margen de su intelecto educado, no pueden nunca llegar a ser libres. Pero ¿si no se les educa? El bien, el mal, la verdad, la mentira, la compasión y el amor son construcciones culturales que nos han auxiliado a convivir y avanzar.

Si el ser humano pierde su dignidad y se libera definitivamente de todo valor espiritual, exigirá que todos sus deseos sean satisfechos y, de no ser así, se convertirá en una fiera. Liberado de las creencias religiosas, de la cultura laica, del poder autoritario, entregado al progreso tecnológico, será ya más fiera furtiva que humano. La masa imbuida de ausencia de pensamiento no desea ser agobiada con valores intelectuales o espirituales, sino con realizaciones inmediatas que la satisfagan provisionalmente. Nada de complicaciones mentales, únicamente satisfacciones cotidianas.

La verdadera identidad de una persona no está determinada por los modos en que se distingue de los otros (dinero, poder, raza, sexo) sino precisamente por aquello que la vincula a sus semejantes (espíritu, verdad, belleza, paz). La igualdad ahora solo puede manifestarse en lo material: justicia social, igualdad de oportunidades, voto. A todo aquel que detenta saber y conocimiento se le denomina élite y esto se hace equivaler, inmediatamente, a algo antidemocrático contra lo cual se arroja resentimiento y rencor. La cultura social de masas se equipara por lo más bajo: menos exigencias educativas, odio hacia todo lo difícil, evaluaciones ficticias dado que todo el mundo tiene derecho a aprobar, sustitución del profesorado por máquinas, fobia a la memoria y a la retórica. Las élites eran, y aún son, los custodios de nuestros valores supremos, es decir, convivenciales.

Los judíos europeos fueron perseguidos y asesinados por los mismos motivos que hoy se esgrimen contra la cultura y los intelectuales: sus conocimientos y relevancia social, su cosmopolitismo antinacionalista, su espíritu crítico insobornable. Chivos expiatorios unos y otros. El deterioro de nuestra educación y nuestra cultura occidental y democrática es gravísimo y yo pienso que en muchos sentidos ya irrecuperable.

Rob Riemen en Para combatir esta era escribe que la socialdemocracia renunció a su derecho a existir en el momento en que dejó de estar preparada para luchar por el desarrollo moral y cultural de la población y al enfocarse solo en intereses materiales que alentaron resentimientos entre las gentes. Mientras, los conservadores estuvieron dispuestos a intercambiar, sin escrúpulo alguno, la defensa de los valores espirituales por la preservación de su propio poder, bajo el velo de la tradición y el orden social.

En la tradición judeocristiana, la libertad es la responsabilidad que tiene todo ser humano de ser lo que debe ser: una persona justa. . Pero la masa tiene miedo a la libertad, en el sentido del saber y del conocimiento. No, en cambio, a la libertad irracional en la que todo está permitido para la satisfacción de los instintos y deseos de manera violenta.

Europa debe resistir a los totalitarismos, fanatismos, sectarismos, falsas utopías, paraísos inalcanzables como los tecnológicos, el racismo. Pero debe reaccionar.

¿Hemos vuelto a la fuerza irracional frente al humanismo ilustrado y racionalista? 

César Antonio Molina es escritor, ex director del Instituto Cervantes y ex ministro de Cultura.

Gasolina para el pirómano

• FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS
• El Mundo (14 mayo 2018)
  

De todas las fechorías, delitos y traiciones cometidas por Rajoy en su carrera política, el más grave es ese del que hoy se felicita, porque se larga de Cataluña dejándola al borde la guerra civil, pero fingiendo que ha cumplido con su deber, que al parecer era devolverla a la senda del golpismo que le llevó a reclamar el artículo 155 de la Constitución para no cumplirlo. Hoy, si la CUP no lo remedia, el Gobierno entregará todos los recursos materiales, policiales y económicos del Estado en Cataluña a un redomado racista que ya ha anunciado que reinstaurará la República, se ciscará en la Ley y perseguirá a los que la hayan cumplido, en la leve aplicación del 155. Millo, bolita de sebo que habla por la bolita de azufre que representa a Rajoy, ha dicho que cuando se invista "al que sea", o sea, al xenófobo racista Torra, "como se habrá culminado el 155, automáticamente el diálogo se retoma".

Total, que para el Gobierno de Rajoy, su partido, sus aliados sociatas, su socio peneuvista y el coro podemita del diario festival de Sextavisión, la culminación del 155 era devolver Cataluña al estado de insurrección que le obligó a aplicarlo, sin cerrar los medios de comunicación, disolver los Mozos y cortar los fondos públicos a la Generalidad y los golpistas del 1 de Octubre.

No sólo se ha perdido una ocasión histórica de cortar por lo sano el golpismo catalán, sino que se le asegura una total impunidad en el presente y el futuro, por supuesto extensible al pasado, porque no tengo la menor duda de que la estrategia del bloque rajoyano-separatista (soga-cordón sanitario contra Ciudadanos) será ofrecer la salida de los presos golpistas -como los etarras- a cambio de moderar sus gestos de desafío al Estado y de humillación a los españoles. O sea, que el Golpe no se note mucho, que hay elecciones. Y si gana Albert Rivera, ahí le dejo un regalito: cinco comunidades autónomas a punto de rebelión.

Si Torra hace lo que ha dicho, con la CUP y Puigdemont -y lo hará-, entregarle los recursos del Estado no será, como desde tiempos de Mas y según ha dejado claro el Supremo, financiar el Golpe, sino la guerra civil en Cataluña y la voladura del edificio constitucional en un par de años, los que tiene Rajoy para darle -con Urkullu y Sánchez- abundante gasolina al pirómano.

En rigor, el pirómano es Rajoy.

¿Derrotada o indultada?

• ROGELIO ALONSO
• Extracto del artículo publicado en EL MUNDO (4 de mayo de 2018)

Además de sus comandos clandestinos, el terrorista (etarra) ha contado con numerosos representantes civiles; y, junto a su aparato militar, ha dispuesto de otro político e ideológico. Derrotado policialmente, ¿no habrá salido, sin embargo, ganador en estos otros combates?, ETA no finaliza, pues su terrorismo no consistió sólo en esa violencia física que cesó en 2011, sino también en la psicológica y política que coaccionó y aterrorizó a ciudadanos no nacionalistas durante décadas y que todavía hoy condiciona sus vidas.

"Lo tenemos merecido", denunció Joseba Arregi tras el último comunicado etarra evidenciando la falacia de una derrota de ETA a la que las elites políticas han renunciado. El Estado ha desistido de aplicar la justicia política que la verdadera derrota de ETA exigía para merecer ese nombre. Se expresa solidaridad con las víctimas ignorando que fueron asesinadas para lograr metas políticas y que, por tanto, la justicia hacia ellas exige mucho más que indemnizaciones y promesas.

Este tramposo final de ETA llega a costa de la rehabilitación política y social del entorno terrorista, auténtico poder fáctico y cómplice necesario del terrorismo nacionalista. Así lo han querido quienes se vanaglorian de una derrota de ETA que constituye una mentira política “organizada".

La manida batalla del relato instrumentaliza la memoria con una política memorialística limitada a recordar las atrocidades y a reivindicar la injusticia de los crímenes, pero sin exigir la necesaria rendición de cuentas a los terroristas nacionalistas y a sus cómplices. Estos ya han recibido el perdón político y moral e incluso penal con numerosos crímenes impunes, utilizan la memoria como sustituto de la justicia para eludir sus "responsabilidades frente a las miserias actuales". Las consecuencias del terrorismo son blanqueadas incluso por algunos demócratas que abusan del sentimentalismo para vaciar de contenido político la violencia nacionalista, borrando cómo esta ha deformado el tejido político y social del País Vasco y Navarra.

La inacción de un Gobierno español que solo contrapone un eslogan: “ETA ha sido derrotada”. La realidad demuestra que se trata de un significante vacío con el que ocultar la dejación política que ha evitado una verdadera derrota del terror nacionalista. ETA puede reivindicar que, pese a no haber ganado, su "lucha no ha sido en balde". Esta es la derrota del vencedor que debería avergonzar a sus responsables. ETA ha conseguido que hablemos de sentimientos en lugar de hacer justicia a las víctimas, una justicia que necesariamente debe ser política. Se ha renunciado a una justicia política que interpela a los lobbistas de ETA y al nacionalismo representado por el PNV que obtuvo ventajas políticas, y que consolidó su poder gracias a la violencia contra los constitucionalistas. Hoy, en 194 ayuntamientos de mayoría nacionalista y solo 14 no nacionalistas, el PNV cuenta con 1018 concejales; Bildu, con 894; el PSE, con 196; y el PP, con 79.

Muchos demócratas ya han perdonado al terrorismo nacionalista su culpa política y moral. Con notable hipocresía rechazan los homenajes a etarras mientras se niegan a hacer cumplir dos leyes de víctimas, una nacional y otra autonómica, que los prohíbe expresamente. Incoherente resulta reivindicar la derrota de ETA cuando toleran rituales con los que los terroristas se desprenden simbólicamente de toda culpa, reforzando el esquema moral que justifica el terror mediante ese reconocimiento social y político. Así se impone el relato que culpabiliza a las víctimas y absuelve a ETA sin que quienes se declaran indignados hagan nada por impedir tamaña injusticia.

Fábrica de Separatistas

Fábrica de separatistas

JAVIER TAJADURA TEJADA

Profesor de Derecho Constitucional de la UPV-EHU.
(Diario Vasco 27 abril 2018)

Hoy se cumplen seis meses de la intervención de la Comunidad Autónoma catalana mediante la aplicación del artículo 155. Aunque el Gobierno central pretendió limitar al plazo más breve posible la intervención, esta se ha prolongado mucho más de lo que aquel hubiera deseado. Ahora bien, a pesar de esta prolongada duración, las actuaciones realizadas al amparo del artículo 155 han sido las imprescindibles para garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos. El Gobierno de Rajoy se ha limitado en estos meses a cesar a 250 cargos de confianza comprometidos con el proceso separatista y a suprimir algunas estructuras, como pueden ser las «embajadas» catalanas cuya única función era denigrar a España y hacer propaganda a favor de la secesión. Pero, al margen de estas decisiones, no se han tomado decisiones políticas significativas y, lo que resulta más asombroso, no se ha actuado contra la auténtica «fábrica de separatistas» que, entre otros éxitos, logró que dos millones de personas votaran el pasado 21-D a favor de partidos que jugaron un papel fundamental en la rebelión del año pasado.

Uno de los tópicos en que más se insiste -desde posiciones claramente independentistas o, sobre todo, desde quienes practican una inaceptable equidistancia entre los golpistas y el Estado- es el de que el Gobierno de Rajoy ha funcionado como una fábrica de independentistas. Se sostiene que la supuesta política recentralizadora del Gobierno y la adopción de medidas represivas, como las querellas criminales presentadas por el Ministerio Fiscal contra los principales dirigentes independentistas o la misma aplicación del artículo 155, han contribuido a incrementar el número de partidarios de la secesión. Nada más lejos de la realidad. El número de partidarios de la secesión aumentó peligrosamente en los últimos años como consecuencia de la pasividad y la absoluta falta de reacción del Estado. La única fábrica de separatistas que ha existido y continua funcionando a pleno rendimiento es la constituida por los medios de comunicación públicos (y privados) y por el sistema educativo catalán. La presión mediática, la educación sectaria y la intimidación social -y no las legítimas medidas represivas adoptadas por el Estado- son las que explican el auge del separatismo. Ahora bien, en la medida en que el responsable directo de la situación actual es ahora el Gobierno central, que sigue sin hacer nada para poner fin a esa situación, sí que podemos decir que funciona como una fábrica de independentistas. Pero no por acción, sino por omisión.

El Departamento de Educación de la Generalitat continúa en situación de rebeldía y desobediencia manifiesta a las resoluciones del Poder Judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en numerosas sentencias ha exigido que los centros educativos impartan al menos un 25% de las clases en castellano. Obligación que sigue sin cumplirse. Pero quien desobedece a la Justicia y se niega a garantizar el derecho fundamental a ser escolarizado en la lengua común no es ya ningún consejero catalán. El responsable directo es hoy el ministro de Educación del Gobierno de España. Por otro lado, tampoco hay voluntad de poner fin al adoctrinamiento nacionalista en las aulas. La Fiscalía ha actuado en algunos casos extremos presentado querellas contra docentes que califican a los guardias civiles de «bestias» y «perros rabiosos».

La televisión pública catalana, por su parte, con su cobertura de apoyo al que llaman presidente en el exilio y con su respaldo al proceso secesionista funciona como un formidable aparato de propaganda al servicio del independentismo. Su principal tarea ha sido y es insuflar el desprecio, cuando no el odio, a todo lo que suene a España. A pesar de ello, el Gobierno sigue negándose a extender la aplicación del artículo 155 a TV3.

Finalmente, la violencia verbal y el hostigamiento contra jueces y políticos aumenta. Este martes fue la casa del secretario de Organización del PSC la que apareció con pintadas amenazantes. En otros casos, dirigentes de Ciudadanos o jueces han sido objeto de este tipo de comportamientos totalitarios. Mientras, en las fachadas de los edificios de las consejerías de la Generalitat, cuelgan lazos amarillos reivindicando la libertad de los «presos políticos».

Esta es la situación que vive Cataluña seis meses después de su intervención. Desde la óptica del pleno restablecimiento del orden constitucional y democrático, la intervención ha resultado un fracaso. Como deja entrever el juez Llarena en el auto de procesamiento de los principales líderes separatistas, la aplicación del 155 ha supuesto un mero paréntesis en la rebelión. Resulta por ello descorazonador que la principal preocupación del Gobierno sea hoy -por razones tan cortoplacistas como suicidas- poner fin al 155 para que el PNV pueda votar los presupuestos.

El martes, la Mesa del Parlament aceptó la delegación del voto del prófugo Comín. Delegación que es contraria a la Constitución y al reglamento parlamentario. Pero, ¿permitirá el Gobierno que la mayoría independentista invista, de forma inconstitucional, a un president para poner fin al 155? De momento no va a recurrir la medida que lo posibilita. Sí lo va a hacer Ciudadanos, que sí ha criticado esta medida del Ejecutivo, y también el PP catalán

Miserables asesinos

Euskadi, mi Euskadi

TERESA DÍAZ BADA - (Diario Vasco) 24 abril 2018, 07:59.

Miserables asesinos que no sois capaces más que de exhalar mentiras y odio cada vez que decís algo.

Miserables asesinos que habéis conseguido durante 50 años sembrar en Euskadi un odio y una tristeza que todavía rezuma en la sociedad.

Miserables asesinos que habéis matado a hombres buenos, niños, mujeres, a mujeres embarazadas y que paseaban con sus hijos sin que os temblara un ápice vuestro miserable corazón.

Miserables asesinos que ni reconocéis ni pedís perdón, en una retórica malvada y abyecta que si no fuera por lo terrible y doloroso resultaría ridícula.

Miserables asesinos que como los nazis os creéis en el derecho de clasificar a las personas por más humanas o no, dependiendo de criterios xenófobos, ruines e inmorales.

Miserables asesinos que habéis dejado un poso de odio en muchos jóvenes y no tan jóvenes en los pueblos de Euskadi, que como fieras atacan e intentan linchar a ciudadanos que simplemente quieren vivir.

Miserables que os creéis los dueños de una Euskadi que con vosotros lo único que ha conseguido es teñirse de sangre durante años, llenarse de tristeza en cada calle, de miedo y de cobardía.

Miserables asesinos.

Euskadi no es vuestra Euskadi.

Euskadi es la de tantos y tantos que a pesar de vosotros, se atrevieron a salir a la calle, a defender la libertad, a llorar por los asesinados y a seguir desempeñando su trabajo a pesar de saberse en el punto de mira de vuestro fanatismo, dando su vida por defender a los demás.

Euskadi, mi Euskadi, es la de los hombres y mujeres que desde hace mucho tiempo, a pesar de todo lo vivido, se levantan para sobrevivir cada día, sacar adelante a sus familias y vivir. Simplemente vivir.

Euskadi, mi Euskadi, es la de mi bisabuelo, que iba a caballo atendiendo en los caseríos a los enfermos que requerían sus servicios de médico.

Aquel que recorría los caminos en Zestoa, con la certeza de hacer bien su trabajo, respetando al prójimo. La Euskadi de mi abuelo que desde el hospital en el que trabajaba en Bilbao, atendía a sus pacientes y recogía en casa y escondía a un arrantzale de Bermeo, al que, por ser republicano, cada 18 de julio iban a buscar.

Euskadi, mi Euskadi, es la de mi padre, que a pesar de la oposición de sus compañeros y de saberse amenazado, lideró la creación de la Ertzaintza, creando una policía por y para el pueblo.

La Euskadi de Alberto Negro, que se levantó un día, como tantos para ir a trabajar a Lemóniz, y no volvió.

La de Luis Mari Uriarte, alcalde y empresario, que no hacía otra cosa más que cuidar al pueblo de donde era y creaba trabajo.

La de Txema Aguirre, ertzaina que gracias a su buen hacer como persona y policía impidió, que el Museo Guggenheim volará por los aires.

Euskadi, mi Euskadi, es la de los hombres buenos, que ayudan, que intentan vivir en paz y atender al prójimo.

La del tendero, ertzaina, abogado, guardia civil, policía municipal o político, que intentan hacer su trabajo y respetar a los demás.

Esa es mi Euskadi. La Euskadi de todos, la que siempre fue, hasta que aparecisteis vosotros.

La Euskadi verde y tranquila, la Euskadi de la que me hablaba mi abuelo el de Zestoa, que acogía, ayudaba. La que cuando oigo 'Haurtxo polita' me hace llorar. Esa es la Euskadi de verdad. La Euskadi tolerante y sana. La vuestra, esa a la que aludís, no ha existido nunca; simplemente fue creada en vuestra mente malvada y retorcida de fanáticos asesinos para justificar vuestros abyectos crímenes.

*Teresa Díaz Bada es hija de Carlos Díaz Bada, superintendente de la Ertzaintza, asesinado por ETA el 7 de marzo de 1985

Principios de Rajoy

Los principios de Rajoy

FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS

El Mundo (5/2/2018)

Rajoy, o sea, Soraya, o sea, Rajoy, han decidido que la tarea esencial del Gobierno y de uno de los dos partidos que lo sustentan, el PP, es atacar al otro, Ciudadanos. "Que no tiene principios", ha dicho Mariano Rajoy, mientras los golpistas van y vienen de Bruselas, con el dinero de todos los españoles que Montoro (o sea, Rajoy) pone cada mes en su bolsillo; el que iba a igualar los sueldos de la Policía Nacional y la Mocedad Golpista, pero ya no los iguala; el que excarceló al asesino y torturador de Ortega Lara porque iba a morirse en tres semanas y vivió tres años.... ¿Seguimos?

Seguimos: el que iba a bajar los impuestos y los disparó; el que iba a controlar la Deuda y casi la dobló; el que aseguró (Montoro, o sea, Rajoy) que ni un solo euro del FLA financiaría el Prusés y lo ha financiado entero; el que en la rueda de Prensa posterior al Consejo de Ministros dijo que lo que el fugitivo Puigdemont tenía que hacer era presentarse a las elecciones (Méndez de Vigo, o de Rajoy) se presentó y aún anda buscándolo; el que aseguró que Mas no haría su referéndum y, tras hacerlo, dijo que era igual porque no tenía valor legal; el que dijo (Soraya, o sea, Rajoy) en la noche del 1 de Octubre que ese día había triunfado la legalidad, pero los jueces andan juzgando por rebelión, sedición y otros delitos a los representantes del Estado en Cataluña; el que anunció que la aplicación del 155 duraría al menos seis meses (Albiol, o sea, Rajoy, dijo que ocho, que, con dos más de campaña electoral, daba un año para juzgar a los golpistas); el que aseguró (otra vez Méndez de Rajoy) que el adoctrinamiento escolar en Cataluña se daba sólo en "algunos casos aislados"; el que iba a cerrar TV3; el que iba a dejar de financiar los medios golpistas, y a los cuatro días de las elecciones Soraya, o sea, Rajoy, se apresuró a dar siete millones a Godó y compañía y otros dos a los digitales golpistas. ¿Seguimos?

Seguimos: aseguró que iba a despolitizar la Justicia y junto al PSOE la ha politizado del todo; iba a derogar la Ley de Memoria Histórica y a cambiar la de Violencia de Género y ahí siguen; casi no hay promesa que el Gobierno no haya incumplido ni esperanza que el PP no haya frustrado. Los "principios" de Rajoy son finales y sin derecho a prórroga; son de orden testamentario y tampoco los cumplirá.