Apaciguar es abandonar

Cuando apaciguar es abandonar (1)

Cayetana Álvarez de Toledo – Extracto del artículo de El Mundo (11 nov. 2017)

El apaciguamiento es una política vieja de la que hay ejemplos dramáticos. El clásico es la rendición preventiva de Chamberlain ante Hitler. O, ahora mismo, la condescendencia de la izquierda occidental ante un Islam reaccionario, misógino, expansivo y violento. El apaciguamiento tiene una explicación naturalista, pinkeriana. Nos gustaría ser buenos y actuamos como si nuestros agresores también lo fueran. Desconfiamos de nuestra propia fortaleza. Y, por encima de todo, tenemos horror al conflicto. Bueno, unos más que otros. Y este Gobierno (del PP), el que más.

La revolución se ha estrellado contra el muro de la realidad. Cierto. Hay que celebrarlo. Pero también habrá que preguntarse por la construcción y propagación de la ficción separatista. La mentira de la independencia low cost tiene dos padres: la alucinación nacionalista y el apaciguamiento democrático. Sí, nosotros somos los grandes cómplices de la fábula de una secesión sin sacrificios. Cuando una y otra vez toleramos el atropello de la ley en Cataluña -desde las sentencias lingüísticas hasta el 9-N-, contribuimos al mito de la impunidad judicial. Cuando aceptamos la letanía europea del «asunto interno español», alimentamos la utopía de Catalunya, nou estat de la UE. Cuando seguimos inyectando fondos del FLA en la Generalidad a pesar de su impúdica malversación en propaganda y embajadas antiespañolas, reforzamos la falacia de una secesión sin coste económico o éxodo empresarial. Cuando negamos al resto de españoles su derecho a intervenir en los asuntos de Cataluña legitimamos la trampa de un perímetro soberano catalán. Y cuando ignoramos la existencia de una Cataluña no nacionalista, sancionamos la primera mentira del proceso: la idea de una comunidad homogénea y por tanto inmune a la fractura social. Por cierto, ni uno solo de los héroes de la larga y árida resistencia catalana ha sido reconocido todavía con la medalla al mérito constitucional. Y la sigue teniendo Pujol.

Lo asombroso, en todo caso, no es la ausencia de autocrítica sino el empeño en el error. La crisis catalana ha dejado dos lecciones importantes para el constitucionalismo, que el constitucionalismo, misteriosamente, se niega a asumir. La primera tiene que ver con la virtud pedagógica de la ley. Horas antes de la decisión del Supremo sobre Forcadell, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dijo que el juez debía tener en cuenta la ley y también «el contexto». Es decir, las elecciones autonómicas. Es un ejemplo deplorable de la presión política a la que está sometida la Justicia en España. En el caso de los presuntos corruptos, para encerrarlos. Y en el caso de los seguros golpistas de ideología nacionalista, para soltarlos. Y sobre todo es un reflejo perfecto de la estrategia de apaciguamiento que el constitucionalismo comparte al completo. Ayer remató Borrell: «Cuantos menos responsables políticos estén en prisión, mejor para las elecciones». Y lo mismo opinan los líderes de Ciudadanos, aunque sólo lo digan en privado.

La realidad es exactamente la contraria: la ley no moviliza a los separatistas; es lo único que los frena. No fue el apaciguamiento lo que empujó a Forcadell a pulverizar los límites de la dignidad, acatar el 155 y aceptar el marco constitucional. No fue el diálogo ni la promesa de una nueva negociación sobre competencias, financiación o el derecho a decidir. Fue la amenaza seca y concreta de la cárcel. Es decir, la máxima expresión de la fuerza del Estado. La prueba de su disposición a asumir el conflicto como parte inevitable de la defensa de la democracia.

La segunda lección clave para el constitucionalismo afecta a la relación con sus propias bases. Los partidos anteponen la desmovilización del voto ajeno a la movilización del propio. El cambio de ciclo no se conseguirá con guiños al separatismo. Y mucho menos mediante el maltrato sistemático a los constitucionalistas. Y aquí brilla el ministro del Interior.

Lo escribió ayer Santiago González: para esto mejor haber dejado a Trapero. Zoido no sólo calificó como «muy equilibrada» y «proporcional» la pasividad de los Mozos durante la huelga del miércoles; su abyecta complicidad con los saboteadores. También dijo que «no era el día para caer en provocaciones» y que esta vez los independentistas no pueden quejarse porque «no hubo un solo lesionado». Es decir, avaló la versión histérica del 1 de Octubre. Y, peor aún, despreció a los cientos de miles de catalanes cuyos derechos sí fueron salvajemente lesionados. Los trató como votantes cautivos cuando su deber es defenderlos, protegerlos, cautivarlos. Sus palabras son la expresión sucia, concreta y devastadora del apaciguamiento, que siempre abandona y enciende a los inocentes. Porque esa es la clave y la trampa innoble de la política de apaciguamiento: el apaciguamiento nunca es general. Sólo se apacigua a un lado. Al que no lo merece ni lo agradecerá.

(1) El título original es “Apaciguar es abandonar”

Niños de la inmersión

Niños de la inmersión, fábrica de patriotas

OLGA R. SANMARTÍN

Durante tres décadas, el nacionalismo construyó su escuela mientras Madrid miraba hacia otro lado. Su fin de «impulsar el sentimiento nacional catalán de los profesores,padres y estudiantes» se ha cumplido con creces.

John H. Elliott contaba estupefacto que en una ocasión se puso a conversar con un universitario catalán y el chico se mostró empeñado en convencerlo de que la Guerra Civil había sido un conflicto de España contra Cataluña. Según el hispanista británico, toda una generación «ha aprendido una Historia deformada». Son los jóvenes que han crecido dentro de la llamada inmersión lingüística, un sistema que el nacionalismo -con el argumento de que hay que priorizar el catalán en las aulas porque está en desventaja frente al castellano- ha conducido hasta el extremo y ha retorcido hasta convertirlo en un modelo de exclusión y adoctrinamiento.

El separatismo lleva desde los 80 utilizando la escuela para propagar su sentido de patria. Detrás de los niños de Olot, de los adolescentes que estos días faltan a clase para ir a pegar carteles por el 1-O, de esos críos que se manifiestan con esteladas anudadas al cuello, existe todo un proyecto que ha ido expandiéndose mientras los sucesivos gobiernos de la nación -también los del PP- hacían como que no se enteraban.

Son muchas las voces que coinciden en que la escuela catalana es un fértil campo de cultivo en el que buena parte de los profesores simpatiza con el nacionalismo. Los directores son nombrados prácticamente a dedo por la Generalitat (fue la Lomce la que dio más poder a la Administración autonómica en las designaciones) y conforman su «guardia pretoriana». Las plazas de inspectores suelen cubrirse por docentes catalanes en comisión de servicio porque hace años que no se convocan oposiciones. La Alta Inspección del Estado tiene un margen limitado de actuación porque no puede entrar en un colegio sin el permiso del Govern. Ni siquiera puede acceder a los proyectos lingüísticos.

Por eso, no se garantizan ni el uso del castellano como lengua vehicular de la enseñanza ni la neutralidad política e ideológica en los centros públicos, tal y como denuncia el informeDéficits de calidad democrática en Cataluña, publicado en mayo por Sociedad Civil Catalana.
 

Los libros

Basta con recorrer cualquier biblioteca escolar para hacerse una idea de lo que pasa. La de un colegio del centro de Barcelona -de esos que dicen que educan «para que los niños sean felices»- es muy reveladora: en la estantería de Historia de España apenas descansan tres escuálidos libros; hay, en cambio, decenas de volúmenes dedicados a la cuestión catalana.

Los libros de texto llevan contenidos irreales que dan a entender que Cataluña es otro país de la UE, sostienen que el Estatut está por encima de todas las leyes y hablan de una inexistente «Corona catalanoaragonesa», como ocurre con manuales de Vicens Vives, Barcanova o Santillana. Las fachadas de algunos colegios lucen con orgullo banderas independentistas y en los patios se ha dado una contundente orden: «Aquí juguem en català». ¿Qué diríamos si en el recreo de una escuela de Lavapiés apareciera un cartel que dijera: «Aquí se juega en español»?

Para entender cómo hemos llegado a esto hay que remontarse a 1983, cuando la Ley de Normalización Lingüística de Cataluña puso los cimientos de un modelo que supuestamente tenía como fin preservar una lengua minoritaria, el catalán, que durante la Dictadura había sido perseguida y silenciada. Había que protegerla y darle prioridad porque, si no, podía perecer aplastada por el castellano.

La reivindicación del uso del catalán como lengua vehicular de la enseñanza se fraguó en una serie de escuelas que durante el franquismo habían sido privadas. Las cooperativas de padres o profesores integradas en el CEPEPC eran catalanistas, laicas y mixtas, y utilizaban pedagogías innovadoras, frente a los colegios católicos, castellanos y tradicionales que entonces imperaban en toda España. Desde 1979, la Generalitat fue integrando estas escuelas progresistas en la red pública y convirtió en funcionarios a sus profesores.
 

La esencia

En una de ellas, la mítica Costa i Llobera de Barcelona, estudiaron varios alumnos que luego se convertirían en altos cargos educativos del Govern, impulsores de una política que hizo de la lengua su columna vertebral. También influyó la Escola Thau, fundada en Pedralbes por el histórico pedagogo Joan Triadú, uno de los referentes intelectuales de Jordi Pujol y de Artur Mas. A partir de ahí fue tomando consistencia esa idea de la lengua como elemento articulador de una nación. «La lengua catalana es el ADN de Cataluña», dejó dicho Pasqual Maragall.

En 1990, El País y El Periódico sacaron a la luz el borrador del que iba a ser el programa ideológico de Convergència. Algunos de sus objetivos eran «impulsar el sentimiento nacional catalán de los profesores, padres y estudiantes», «garantizar el perfecto conocimiento de la geografía, historia y otros hechos socioculturales de Catalunya» y «potenciar el uso de la lengua catalana por parte de profesores, maestros y alumnos». Para ello planteaban la «catalanización de los programas de enseñanza», «editar y emplear libros de texto sobre la historia [...] de los Països Catalans», «reorganizar el cuerpo de inspectores» e «incidir en las asociaciones de padres, aportando gente y dirigentes que tengan criterios nacionalistas».

Como ni el PSOE ni el PP pusieron demasiado empeño en frenar estas pretensiones, el proyecto fue avanzando. Uno de los decretos autonómicos de 1992 que desarrollaba la Logse estableció que el catalán «se utilizará normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje». Seis años después, la Ley de Política Lingüística salió adelante sin que José María Aznar, entonces en sintonía con los nacionalistas, hiciera nada por recurrirla ante el Constitucional. En 2010, el TC sentenció que el castellano debía «disfrutar de la condición de lengua vehicular» junto al catalán, pero dejando claro que las competencias eran autonómicas.
 

Los frenos

Después de anunciar su intención de «españolizar a los niños catalanes», el malogrado Wert puso casi todos sus esfuerzos en recuperar el honor perdido del castellano. Por primera vez, la Lomce (2013) reconoció «el derecho de los alumnos y alumnas a recibir la enseñanza en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales».

Pero el ministro más impopular de Rajoy se dejó aconsejar mal y estableció un extravagante mecanismo por el que, si la Generalitat se negaba, los alumnos podían escolarizarse en colegios privados. Luego el Estado les abonaría el dinero de la matrícula y se lo descontaría al Govern. El sistema, poco práctico, no ha funcionado. Las familias que lo han pedido han sido muy pocas (apenas un centenar en cinco años) y ni siquiera en todas las provincias hay centros privados que cumplan los requisitos.

Los padres también pueden recurrir a la vía judicial, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les garantiza desde 2014 su derecho a aprender el 25% de las horas lectivas en castellano. Esto significa que, además de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura -que es la única que suele impartirse en castellano-, las aulas de sus hijos deben recibir una materia más, normalmente Matemáticas.

Según la Generalitat, 12 centros en toda Cataluña han comenzado este curso con una asignatura más en castellano, en aplicación de estas resoluciones. En total, se han dictado unos 90 fallos, siempre favorables a los recurrentes, según Convivencia Cívica Catalana y Asamblea por una Escuela Bilingüe, colectivos que defienden los derechos de estos padres.
 

El 'apartheid lingüístico'

Pero estas familias se ven señaladas y sometidas a una suerte de apartheid lingüístico por parte del resto de la escuela y la mayoría ni lo intenta, para evitar conflictos con los profesores y los otros padres, que interpretan la reclamación como un ataque directo al catalán y se oponen rotundamente a que sus hijos tengan una asignatura más (son tres horas semanales) en el idioma invasor.

Tienen de su lado a la Generalitat, que sistemáticamente recurre todas las resoluciones judiciales y asegura que no hace falta más castellano porque los niños ya lo hablan en su «entorno social» y terminan la enseñanza obligatoria con el mismo nivel de competencias en ambas lenguas.

El margen para sortear todos estos obstáculos es, al final, limitado. Los libros de texto no se pueden controlar porque la ley no permite la supervisión previa. Tampoco se puede inspeccionar lo que cada día sucede dentro del aula. Y no hay forma de hacer que la Generalitat deje de incumplir la legislación estatal. El Ministerio de Educación ha llevado a Ensenyament ante la Justicia en una decena de ocasiones, pero, para cuando se resuelvan los procedimientos, la Lomce ya ni existirá.

Por otro lado, el sentir mayoritario de padres, profesores y alumnos es favorable a toda esta política. La entidad Somescola.cat, cuyo lema es Per un país de tots, decidim escola catalana, ha sido capaz de agrupar a casi medio centenar de grupos, desde los más independentistas hasta la Fundació Escola Cristiana, y se ha hecho fuerte dentro y fuera de las aulas. Ha quedado patente que el tejido educativo es un pilar relevante de las recientes protestas, que ya tienen su icono en las imágenes de los escolares concentrados en la tarea de colorear las pancartas y de los jóvenes ocupando el histórico claustro de la Universidad de Barcelona.

En realidad, todo lo que iba a ocurrir lo vaticinó una célebre alto cargo convergente de Educación, que, durante una reunión celebrada hace ya muchos años, proclamó: «Los niños de la inmersión lingüística de hoy serán los nacionalistas del mañana».

Alternativas al artº 155 de la Constitución

Existen alternativas al 155?

TERESA FREIXES - El Mundo (1 septbre. 2017 )

 

Frente a la situación que el secesionismo ha creado en Cataluña, se viene reclamando, desde diversas instancias, la aplicación del art. 155 de la Constitución que, algunos creen, equivocadamente, que permite la "suspensión de la autonomía". Este artículo lo que permite es que, a propuesta del Gobierno y con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, determinadas competencias o atribuciones, identificadas en la propuesta del Gobierno y aceptadas por el Senado, dejen de ser ejercitadas por las autoridades de la Comunidad Autónoma y pasen a serlo directamente por las autoridades centrales o que se establezcan mecanismos para que las autoridades autonómicas cumplan forzosamente con la legalidad. Hay que tener en cuenta que la aprobación de estas medidas requiere una mayoría parlamentaria que no sería bueno que se ejerciera por un único partido sino que, en el caso de tener que adoptarse, lo óptimo sería que existiera un amplio acuerdo sobre ello. ¿Se imaginan Vds., con la que está cayendo, el debate en el Senado? Además, a la altura de los tiempos en que estamos, veo difícil que se pueda aprobar antes del 1 de octubre y parece que esta opción ha sido descartada por el Gobierno, aunque a veces las declaraciones de sus miembros no acaban de esclarecer cuál es su posición al respecto.

Entonces, si de lo que se trata es de instrumentar un control efectivo para impedir la comisión de ilegalidades por miembros del Parlamento catalán, o por funcionarios y policías, ¿con qué otros mecanismos jurídicos contamos para obtener un efecto semejante? Por una parte, señalaré los instrumentos ordinarios, que residen en medidas administrativas y sanciones penales. Después me referiré a la legislación de excepción y a las facultades que tiene el propio Tribunal Constitucional para lograr la efectividad de sus decisiones. Finalmente, a las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional por las que el Gobierno puede tomar el control directo de órganos y servicios si se dan las circunstancias habilitantes para ello.

La coerción administrativa es muy útil, pues pretende la rectificación inmediata de una situación de hecho que no es correcta jurídicamente. Con antecedentes en Francia, Alemania e Italia, esta figura está basada en la relación de sujeción especial que los servidores públicos tienen respecto de la Administración a la que están adscritos (no sólo quienes tengan la condición estricta de funcionarios, sino todos aquellos que, directa o indirectamente prestan un servicio público), que permite imponer obligaciones directas, tomar determinadas medidas o impedir la realización de actividades concretas. La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece, como instrumentos de ejecución de las disposiciones administrativas, previo apercibimiento al interesado, los siguientes: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas.

El Código Penal, siempre está ahí, como "prevención general" y como sanción concreta de ilícitos específicos. Tipifica numerosas conductas que, en dependencia de los hechos ante los que nos encontráramos, podrían ser consideradas delictivas y penadas con privación de libertad. Entre ellas los delitos de rebelión o sedición y sus tentativas, prevaricación, injurias o amenazas graves a las instituciones, perturbación grave de los plenos municipales o amenazas a sus miembros, usurpación de atribuciones, delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales, resistencia a la autoridad o, por terminar con los ejemplos, la desobediencia a resoluciones judiciales. La inhabilitación en cargo público puede constituir, además, una pena directa o accesoria a la imposición de otras.

También sería posible la declaración de un estado de excepción o de sitio (considero que el estado de alarma no es adecuado para estos casos), previstos en los artículos 55 y 116 de la Constitución. En ambos casos es definitiva la decisión del Congreso de los Diputados por lo que no parece evidente que la cámara los adopte con su composición actual. Para el estado de excepción, respuesta a una grave violación del orden público, está previsto que se puedan suspender ciertos derechos constitucionalmente reconocidos, a propuesta del Gobierno y con la autorización del Congreso (no se necesita mayoría absoluta). El estado de sitio está previsto para hacer frente a ataques al orden constitucional; tiene que ser declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados a propuesta del Gobierno y comporta que todas las autoridades queden a disposición de la que el Gobierno designe para asegurar el cumplimiento de la Constitución y las leyes; puede acumular la suspensión de derechos que se prevé en el estado de excepción.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en su actual redacción cuenta, como el resto de órganos de control de constitucionalidad que existen en las democracias, con instrumentos que le permiten hacer efectivas sus decisiones. Evidentemente no son idénticos en todas partes. Nuestra LOTC otorga a las sentencias la cualidad de título ejecutivo y, para asegurarlo, en dependencia del caso, a partir del incidente de ejecución, puede imponer multas coercitivas (entre tres mil y treinta mil euros por cada incumplimiento), acordar la suspensión cautelar en sus funciones de las autoridades que incumplan las decisiones, requerir del Gobierno la ejecución sustitutoria de las resoluciones o levantar testimonio a particulares para exigir la responsabilidad penal procedente. El Tribunal Constitucional tiene que escoger la medida, o medidas, que crea adecuada al caso, ya sea la multa, la inhabilitación, el requerimiento al Gobierno para la ejecución sustitutoria o el reenvío a la jurisdicción penal. Todo ello respecto de las personas concretas relacionadas con el incumplimiento.

Por último, en la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional, se cuenta con mecanismos muy valiosos para poder hacer frente a contingencias que bien pudieran producirse en los próximos meses. La ley permite actuar, entre otros supuestos, en defensa de los derechos y libertades y de los principios y valores constitucionales. Todas las administraciones públicas (autonómicas y locales incluidas) y la sociedad en general, están sujetas a las medidas que puedan adoptarse regulando la gestión de situaciones de crisis. Para ello, la ley permite que el Presidente del Gobierno declare por decreto la «situación de interés para la seguridad nacional», por la que cualquier autoridad (estatal, autonómica o local) está obligada a aportar los medios humanos y materiales dirigidos a una efectiva aplicación de las medidas enumeradas en la declaración. Con ello, el Gobierno puede tomar el control directo de cualquier situación de crisis sin necesidad de recurrir a la declaración de estados excepcionales. Hay que señalar también que, según el Tribunal Constitucional (STC 184/2016, sobre esta misma Ley) es el Estado quien coordina, es decir, quien tiene la dirección política sobre la seguridad nacional, como materia subsumida en la seguridad pública. Las Comunidades Autónomas no dirigen la coordinación sino que son coordinadas. Medidas tales como el control directo de cualquier órgano de cualquier administración, funcionarios o policías por poner un ejemplo, que tendrán que actuar bajo la dirección de quien designe el Gobierno español, son posibles al amparo de esta ley.

El Estado de Derecho cuenta, pues, con variados instrumentos, como cuentan con ellos todas las democracias de nuestro entorno. La democracia debe defenderse. Los derechos de las personas deben poder ser defendidos. Con todas las garantías. Respetando la legislación interna y la europea e internacional. Cuanto mayor sea la agresión a la democracia y a los derechos mayor intensidad debe tener la medida que se tome, con toda la prudencia y proporcionalidad, pero también con toda la seguridad que vivir en democracia nos garantiza.

Teresa Freixes es catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona y catedrática Jean Monnet ad personam.

No es sólo la economía, estúpido

 

No es sólo la economía, estúpido.

Elisa de la Nuez. El Mundo (5-8-2017).

La reciente encuesta del CIS parece dar la razón a los que pensamos que no sólo de crecimiento económico vive la democracia y la derecha española. Si hay algo que caracteriza el liderazgo de Rajoy es su incapacidad para entender los cambios que demanda la sociedad y que han consolidado la posición de los nuevos partidos que claramente han venido para quedarse, por lo menos una temporada larga, lo que en política no es nada desdeñable.

 

Estos cambios se pueden resumir en la exigencia de una regeneración institucional y política que permita alcanzar una democracia de mayor calidad. Como se desprende de lo anterior, no se refieren tanto a ideologías, sino que tienen que ver con las reglas de juego. Reglas más limpias, más transparentes, mayor separación de poderes, más rendición de cuentas, menos clientelismo, más neutralidad y profesionalidad en las instituciones, más evidencia empírica a la hora de abordar las políticas públicas, mejores garantías de los derechos de los ciudadanos, más igualdad ante la ley, un Estado de Derecho más fuerte.

 

Ignorar estas exigencias de las generaciones que hoy ocupan el centro del escenario político, económico y social haciendo oídos sordos a lo que comienza a ser un clamor para empezar a hacer política de otra manera es quizás inevitable para quienes por edad y formación no conciben una manera distinta de gobernar. Es claramente el caso de Rajoy, pero también el de otros dirigentes más jóvenes del PP, probablemente porque la cultura del partido no cambia.

 

La resistencia a la democracia interna del PP conlleva que carezca de discurso

 

La resistencia a la democracia interna y a los contrapesos al poder absoluto del líder lastran de forma inevitable el discurso del PP o, para ser más exactos, conlleva que el PP carezca de discurso. Es un partido que reconoce que no tiene un relato de presente ni mucho menos de futuro que proponer a la sociedad. Así cabe entender la respuesta de la vicepresidenta del Gobierno a una pregunta sobre el proyecto político del PP en el sentido de que ese proyecto se concretaba en crear empleo. No se puede confundir la creación de puestos de trabajo -muy deseable y necesaria- con un relato y un discurso capaz de ilusionar y movilizar a alguien que tenga menos de 65 años.

 

El PP de Rajoy está demostrando su incapacidad para regenerar la democracia lo que lastra no sólo sus perspectivas electorales sino también -como se desprende del último CIS- las del centro-derecha español para liderar ese proceso. Para muchos -entre los que me cuento- era obvio que si Carlos Arias Navarro por razones políticas, biográficas y hasta sentimentales no era la persona idónea para acabar con el franquismo, Rajoy tampoco lo es para acabar con la corrupción y el clientelismo que han dominado la política española en las últimas décadas. La resistencia a asumir responsabilidades políticas por la financiación irregular del PP no ya propias, sino incluso de terceros evidencia la imposibilidad de distanciarse de una forma de hacer política que ya no se considera aceptable.

 

Lo mismo cabe decir de su incapacidad para cambiar a ministros abrasados como Montoro o Catalá, pero que le han demostrado fidelidad política y personal. Los argumentos para justificar a ministros reprobados por el Congreso y suspendidos por la opinión publica revelan una profunda incomprensión de las exigencias de ejemplaridad.

 

Así, no es de extrañar que muchos españoles consideren que es más sensato apostar por el movimiento que representa el PSOE de Pedro Sánchez -aunque no carezca de riesgos- que por el inmovilismo que representa el PP de Rajoy.

 

Elisa de la Nuez es abogada del Estado y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO

 

 

 

La sonrisa y el colmillo

La sonrisa y el colmillo

JUAN CARLOS VILORIA.

Las Provincias (24 abril 2017).

Iñigo Méndez de Vigo y Montojo, ministro de Educación y Cultura, es la sonrisa del Gobierno. Sustituyó a Juan Ignacio Wert que fue el colmillo. En dos tardes ha desmontado la séptima ley de educación de la democracia -Lomce- que tantos disgustos costó a su predecesor. La puntilla dejará la ESO como un trámite escolar cuya obtención ni siquiera exigirá el mítico cinco raspado con que soñaron generaciones de escolares para seguir adelante. Méndez de Vigo se ha cargado, sin despeinarse, reválidas, currículums, cultura del esfuerzo y otros mojones que su antecesor colocó en el aprendizaje escolar. Con esa sonrisa un poco pánfila consigue disimular un político hábil y profesional como pocos. Nacido en el protectorado de Tetuán parece haber conservado en su ADN las artes del regate, la reválida del zoco y la sonrisa engañosa del vendedor que siempre saluda al incauto: ¡hola amigo!

Curtido en los pasillos de la UE se ha hecho un experto pastelero que vende como éxitos las derrotas y disimula cucamente los pequeños triunfos para no excitar los celos del adversario. Es un 'quedabien' cualificado. Pero la autopsia que está haciendo a la Lomce como experto forense va dejando en el camino los principios de su cuerda política sobre el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos, la cultura del esfuerzo, igualdad de oportunidades pero no igualitarismo, la lengua y la historia común como asignaturas pendientes.

Como punto de partida para lograr el tan ansiado pacto educativo es un chollo pensarán sus contrincantes. Está situando su línea de defensa tan cerca del límite que cuando quiera recuperar posiciones no tendrá margen de negociación. O es un estratega que ve diez jugadas más allá que el común de los mortales, o más que experto negociador está resultando un experto en rematar a su propia portería. Argumentan que el decreto para dejar el Graduado de Educación Secundaria (ESO) al alcance de dos suspensos y menos de un cinco de media es una medida provisional para no crear inseguridades a los niños, las familias y profesores mientras se va tejiendo la bufanda del pacto educativo. Un poco ingenuo parece. Echar atrás esa decisión no será tarea fácil una vez que el sector (como llaman al poderoso conglomerado de sindicatos de profesores, alumnos, claustros y demás) se haya acoplado a la provisionalidad.

Descendiente por línea materna del marqués de Esquilache, ministro de Carlos III, don Iñigo le debe tener pánico a las revueltas así que ha decidido hacer justo lo contrario que su antecesor en el cargo. Cierto que todo lo que Méndez tiene de sonrisa lo tenía Wert de colmillo. Pero en un país donde los estudiantes están a la cola mundial de Matemáticas , Ciencias y comprensión lectora; donde el fracaso escolar sigue siendo el doble de la media de la UE y por segunda derivada el paro juvenil se dispara por falta de formación, igual había que sacar menos risas y más colmillos.

Paz a vosotros

Paz a vosotros

Extracto del artículo de Monseñor José Ignacio Munilla – Infocatólica (17/04/17).

El factor determinante de todo proceso de pacificación es la educación moral y espiritual de los pueblos.

Estamos asistiendo a la pretensión de construir los procesos de pacificación sobre la base de acuerdos «políticos», excluyendo o, cuando menos, minusvalorando la dimensión moral y espiritual de la realidad. Todos tenemos en mente el rechazo del requerimiento del arrepentimiento y de la petición de perdón por parte de los violentos a sus víctimas, bajo el argumento de que esos son conceptos religiosos y de conciencia, que no pueden ser invocados en el terreno social o político.

Pero vayamos al fondo de la cuestión, porque es importante caer en la cuenta de que uno de los obstáculos principales con el que nos enfrentamos a la hora de llevar adelante la construcción de la paz, es el «cómodo» olvido del principio de subsidiariedad por parte de la mayoría de la sociedad; al mismo tiempo que se da una continua injerencia de las administraciones públicas en el ámbito familiar y en las iniciativas sociales. De este modo caminamos hacia un modelo en el que cada vez hay «más estado» y «menos sociedad»; lo que en la práctica se traduce en «más normas» y «menos conciencia». Parece como si «mamá estado» o «papá estado», pretendiera construir, por su sola estrategia política, una sociedad justa y pacífica.

En nuestros días, llama poderosamente la atención la gran virulencia del debate político, cuando es un hecho constatable que los distintos partidos políticos caminan de una forma inexorable hacia un pensamiento único, conformado por lo políticamente correcto. Se alimenta la falsa esperanza de que un hipotético vuelco político pudiera posibilitar la justicia y la paz, olvidando la existencia del «pecado original» (permítaseme utilizar un término teológico en este artículo, en un sentido amplio). La configuración política de los gobiernos podría cambiar, ciertamente, pero el problema es que el «hombre viejo» sigue anidando en el interior de unos y de otros, sin excluir al que esto escribe. Cada uno de nosotros y de nuestras familias necesitamos una renovación espiritual, que haga posible que la política tenga «sujeto» y no solo «objeto». De lo contrario, estamos condenados a reproducir en toda su crudeza el conocido refrán: «Los mismos perros con distintos collares».

Pero más aún, si ese «hombre viejo» que anida en cada uno de nosotros no es regenerado, el problema no será solo que estemos condenados a la impotencia para transformar el mundo; sino que la misma estructura política terminará por anular al hombre, a la familia, y a la misma sociedad.

El saludo del Resucitado tiene más actualidad que nunca, y son muy significativas las palabras que lo acompañan: «Jesús les dijo otra vez: 'La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío' (Jn 20, 21).

¡Feliz Pascua de Resurrección! Pazko zoriontsuak guztioi!

Artesanos de la paz

• PEDRO G.CUARTANGO

El Mundo (08/04/2017)

ETA asesinó a más de 800 personas hasta que decidió abandonar las armas. Pero además de matar, ETA y Batasuna, su brazo político, crearon un lenguaje plagado de neologismos, eufemismos y circunloquios para disfrazar sus crímenes.

Este neolenguaje orwelliano tendía a culpabilizar a las víctimas y glorificar a los verdugos, que se presentaban como héroes que luchaban por el pueblo vasco. La izquierda abertzale sigue todavía haciendo lo mismo y ha acuñado la expresión "artesanos de la paz" para designar a los comparsas que quieren convertir la entrega de las armas en un acto de propaganda de la banda.

Ni son artesanos ni sirven a la paz porque, al mantener el discurso de que estamos ante una generosa decisión de la banda, ocultan lo esencial: que ETA sigue sin pedir perdón por sus asesinatos y que el Estado ha derrotado a una organización violenta que sembró el terror en la sociedad vasca.

Sin embargo, PSOE y PNV han comprado esa propaganda de los cómplices de la banda, asumiendo que estamos en la culminación de un proceso de paz cuando lo que se va a producir es la rendición de unos pistoleros.

No hay, ni ha habido ni habrá jamás, la menor justificación para un grupo de personas que decidió exterminar a quienes no pensaban como ellos y que se arrogaron el derecho sobre la vida y la muerte.

Lo que vamos a asistir en las próximas horas no es a la entrega de unas armas oxidadas y unos explosivos enmohecidos sino a una batalla por el relato de lo que ha pasado en el País Vasco en los últimos 40 años.

ETA pretende ganar en el terreno de la retórica lo que ha perdido en el frente policial, haciendo de la necesidad virtud. Pero nadie con un mínimo de honestidad intelectual se puede tragar a estas alturas el discurso de una banda que se autodefine en su último comunicado como «una organización revolucionaria de liberación nacional». ¿A quien ha liberado con sus bombas, los tiros en la nuca, los secuestros y sus chantajes a los empresarios?

En un ejercicio de manipulación digno de Goebbels, ETA quiere hacernos creer que los verdugos representan "la paz y la libertad", mientras que sus víctimas eran los enemigos del pueblo vasco. Su intento de criminalizar al PP es una ofensa a la inteligencia y a la memoria de quienes fueron aplastados por no plegarse a sus designios.

Aunque parezca obvio, hoy es más necesario que nunca recordar que los etarras, cuando podían defender sus ideas de forma democrática, optaron por el terror como método de acción política. Y ello hizo un daño irreparable a personas que vieron destrozadas sus vidas.

Esto es lo esencial. Jamás he podido leer o encontrar una mínima explicación convincente de la decisión de ETA de matar en lugar de hacer política en una democracia parlamentaria. ¿Por qué no abandonaron las armas en la Transición cuando era evidente que no era necesaria la violencia para reivindicar la vía independentista?

ETA sigue sin afrontar su gran contradicción: la inutilidad de las muertes provocadas. Desde el punto de vista ético, el crimen es injustificable. Pero, desde el punto de vista político, la organización terrorista no ha conseguido nada (1).

Por ello los actos de hoy son la constatación de una gran fracaso y de una ignominia moral. Los artesanos de la paz, son en realidad, instrumentos de una banda que tiene las manos manchadas de sangre. No habrá perdón para los asesinos mientras no haya un sincero arrepentimiento del daño que provocaron, que, hagan lo que hagan, es irreparable.

(1) Nota del autor del blog: El autor del artículo se olvida en este punto de que ETA ha conseguido eliminar del censo electoral vasco a un cuantioso número de familias, votantes no nacionalistas, que se han visto obligadas a huir fuera del País Vasco debido al terror y amenazas de la organización terrorista y que han alterado en buena medida la relación de las fuerzas políticas vascas: las famosas nueces a que otro insigne político nacionalista hizo referencia en cierta ocasión.

Dos visiones sobre el desarme de ETA

Saboreando.

Pablo Martínez Zarracina. El Correo 29-3-2017.

 

Ayer Arnaldo Otegi pareció confundir el desarme de ETA con la inauguración de la temporada de sidra, al definir con énfasis lo que ocurrirá el día 8 como algo que una organización ”creada en este país por la gente de este país” va a hacer “frente a este país y con la participación de este país".

Sucedió en una entrevista en Onda Vasca y Otegi pasó por alto que esa organización creada en este país por gente de este país se caracterizó por asesinar y extorsionar, también, a gente de este país.

El detalle dificulta el entusiasmo ante sus invitaciones a las que quizá haya que acudir, pero no con alegría sino con la mandíbula apretada: como un cirujano ante cualquier infección seria.

“Vamos a saborear también en términos políticos con respeto a todo el mundo sobre lo que va a suceder”, dijo Otegi. ¿Saborear? La nota de cata resultante será para verla: hierro oxidado, sangre, capuchas, testosterona, terror, desperdicio, un irremediable gusto a fanatismo.

 

 

TXETX (1)

 

 

Extracto del Artículo de Luis Haranburu Altuna. El Correo de 29-3-2017.

 

 

Poco o nada le resta a ETA de su anterior poder basado en el terror, pero aún aspira con cierta plausibilidad a determinar un relato que falsea su verdadero sino y perfil. En esa labor cuenta con la complicidad de la comunidad abertzale que tiende a creer en las ruedas de molino que la mitografía nacionalista se resiste a desarmar.

 

 

Desarmar en Euskadi significa no sólo inutilizar unas pistolas sino desmontar todas aquellas funestas creencias que armaron el brazo ejecutor de ETA; creencias que siguen vigentes y son compartidas por la cultura hegemónica que un día miró hacia otro lado cuando ETA asesinó, extorsionó y aterrorizó.

 

 

El verdadero desarme en Euskadi sólo se hará realidad cuando los postulados que dieron lugar a ETA se sometan a la cuarentena de la razón y al filtro de la convivencia democrática. El desarme sólo será una realidad cuando el nacionalismo asuma la pluralidad de la ciudadanía vasca y el imperio del Estado de Derecho. El imperio del principio de realidad que se aviene mal con la ensoñación victimista del país dominado.

 

(1) Jean-Nöel Etcheverry, alias “Txetx”, mediador civil en el desarme de ETA.