Ciudadanos sin derecho electoral.

Ciudadanos sin derechos

Carlos Fernández de Casadevante Romani.

Catedrádico de derecho internacional público y relaciones internacionales.

Extracto del artículo publicado en El Correo (11-6-2019).

El estudio del economista Julio Alcaide “Evolución de la población española en el siglo XXI” (Fundación BBVA, Madrid, 2007) cifra en casi 200.000 los ciudadanos que han abandonado el País Vasco debido a la actividad terrorista de ETA. En su libro “ETA, S.A.” el catedrático Mikel Buesa estima que serían 30.000 familias (en torno a 125.000 ciudadanos) los que tuvieron que marcharse. En cualquier caso, una cifra superior al número de exiliados políticos provocados por la Guerra Civil: 120.000.

Sólo este dato pone de manifiesto la contribución y la utilidad del terrorismo nacionalista vasco de ETA en la conformación de la sociedad vasca y de su censo electoral. Un censo alterado y adulterado desde hace décadas en beneficio del nacionalismo vasco (una buena cosecha de nueces) sin que ningún Gobierno de España haya hecho nunca nada para corregir y reparar esta injusticia que es, también un ataque a la democracia. Una “limpieza ideológica”, eso si, que ha tenido como únicos destinatarios a ciudadanos no nacionalistas de la sociedad vasca.

Por la actividad de ETA esos miles de vascos desterrados, así como sus generaciones posteriores, fueron desprovistos no sólo de su proyecto de vida en su propia tierra (se lo cortaron de cuajo), sino también del ejercicio del derecho al voto en ella. En otros términos, del ejercicio de su derecho constitucional de autodeterminación interna a decidir sobre los asuntos de su comunidad, de su provincia y de su municipio.

Peor aún: en su inmensa mayoría, son desterrados que no existen para el Estado porque éste sólo reconoce la condición de amenazado si existe sentencia firme, incoación de proceso penal o diligencias judiciales. Se nota que no vivieron en el País Vasco y que lo desconocen todo.

Estamos en 2019, ETA ya no mata y el amor, la fratenidad, la ternura y la felicidad reinan de nuevo en el País Vasco como atestiguan los hostigamientos, insultos y agresiones por nacionalistas vascos “radicales” en San Sebastián, Bilbao y Rentería a los asistentes a actos de partidos constitucionalistas. Lo que no cambia es el hecho de que los cientos de miles de ciudadanos vascos desterrados y sus descendientes siguen siendo irrelevantes para el Estado y sin poder ejercer su derecho al voto en el País Vasco pese a las recomendaciones y peticiones en ese sentido del Defensor del Pueblo.

Ni los gobiernos españoles de las últimas décadas ni los miles de diputados que han tenido las Cortes han hecho nada para restituirles ese derecho. Tampoco los distintos gobiernos vascos, ni mucho menos el nacionalismo vasco han hecho nunca nada para restituir a esos ciudadanos vascos y a sus descendientes en su derecho de voto en el País Vasco. Es más, siempre se han manifestado en contra de cualquier modificación de la Ley Electoral que lo hiciera posible. Que voten los vascos de la “diáspora” no sólo les parece bien, sino que además está garantizado por el propio Estatuto. Que lo hagan los desterrados, eso nunca. Constituye un “error histórico” en forma de “pucherazo electoral”. Lo hemos comprobado en el reciente período electoral y lo comprueban a diario muchos no nacionalistas en muchos municipios del País Vasco a los que el nacionalismo imperante les impide vivir en libertad.