Una bomba de relojería

Una bomba de relojería

José Bidaria (12/4/2019)

El tema político más importante que tiene España hoy es la defensa de su unidad política garantizada por el artículo 2 de su Constitución. En él se determina que el sujeto político de la soberanía nacional es el pueblo español en su conjunto. Este artículo es cuestionado por los nacionalismos catalán y vasco principalmente que tratan de soslayarlo sistemáticamente en el día a día de su acción política.

Así pues, las posiciones están divididas entre los partidos políticos constitucionalistas, defensores de la titularidad única e indivisible de la soberanía nacional que radica en el conjunto del pueblo español y aquellos que creen que las Comunidades Autónomas deberían tener derecho de autodeterminación o lo que es lo mismo derecho a la independencia.

Lo insólito de todo ello es ver que, cuando gobiernan, los partidos que defienden la Constitución se limitan a proclamar la defensa de la soberanía del pueblo español, sin atajar de raíz las continuas provocaciones que están llevando a cabo los partidos nacionalistas, creyendo que mientras se mantenga la situación en los límites actuales no pasará la cosa a mayores, y que será cuestión de conllevarlo.

Lamentablemente, la realidad es muy diferente, pues no caen en la cuenta los defensores de esa postura que ese derecho soberano del conjunto del pueblo español, reconocido en la Constitución, está minado en su misma raíz, ante la existencia de dos cargas de profundidad, recogidas en los Estatutos de Autonomía y en la propia Constitución, a saber: la competencia asignada a esas Comunidades Autónomas en materia de educación y en la titularidad de los medios de comunicación públicos, gestionadas por el gobierno de turno y de manera muy especial las televisiones públicas. Ello hará posible que, tarde o temprano, inexorablemente, las posiciones nacionalistas-separatistas triunfen allí donde formen gobierno. Es cuestión de tiempo. Me explicaré.

Cuando un gobierno nacionalista tiene en sus manos la posibilidad de adoctrinar a su población, la ejercerá de forma sistemática, y es difícil que la población escape a ese señuelo. Es una ley sociológica incuestionable. Se necesitaría una acción de gobierno y una legislación más eficaz para evitarlo. Es exactamente lo que está ocurriendo en España desde hace 40 años. Así se explica porqué el nacionalismo-separatismo está creciendo inexorablemente en Cataluña y País Vasco. El hecho de que en estas dos Comunidades Autónomas haya aumentado el sentimiento nacionalista-separatista en estos últimos cuarenta años, sólo se puede explicar por la permisividad en el sistemático adoctrinamiento que se está llevando a cabo en la educación y en los medios de comunicación públicos, contrarios al espíritu de la Constitución, arrinconando el castellano en todos los órdenes, adoctrinando en el rechazo al diferente, creando un sectarismo que fomenta un agravio hacia todo lo español y creando un abismo entre la propia población.

Es preciso reconocer que poner en manos de estos gobiernos autonómicos la educación y la titularidad de los medios de comunicación públicos, sin ningún control efectivo, y ante la inoperancia de los Gobiernos Centrales, permitiendo que los utilicen de manera sectaria, es una verdadera bomba de relojería que explotará tarde o temprano de forma inexorable. No se necesitan “golpes de estado” como el intentado en Cataluña, basta esperar. El tiempo ya se está encargando de demostrarlo. Las bases de un suicidio colectivo están puestas. ¿Reaccionarán los partidos políticos, tomando las medidas adecuadas para encauzar eficazmente este grave problema? Hoy por hoy nadie se atreve a tomar medidas y así vamos al abismo. De seguir así, sólo se conseguirá la voladura del Estado actual. ¿Lo consentirá la sociedad española? Esa es la gran cuestión.

Ciudadanos sin derecho electoral.

Ciudadanos sin derechos

Carlos Fernández de Casadevante Romani.

Catedrádico de derecho internacional público y relaciones internacionales.

Extracto del artículo publicado en El Correo (11-6-2019).

El estudio del economista Julio Alcaide “Evolución de la población española en el siglo XXI” (Fundación BBVA, Madrid, 2007) cifra en casi 200.000 los ciudadanos que han abandonado el País Vasco debido a la actividad terrorista de ETA. En su libro “ETA, S.A.” el catedrático Mikel Buesa estima que serían 30.000 familias (en torno a 125.000 ciudadanos) los que tuvieron que marcharse. En cualquier caso, una cifra superior al número de exiliados políticos provocados por la Guerra Civil: 120.000.

Sólo este dato pone de manifiesto la contribución y la utilidad del terrorismo nacionalista vasco de ETA en la conformación de la sociedad vasca y de su censo electoral. Un censo alterado y adulterado desde hace décadas en beneficio del nacionalismo vasco (una buena cosecha de nueces) sin que ningún Gobierno de España haya hecho nunca nada para corregir y reparar esta injusticia que es, también un ataque a la democracia. Una “limpieza ideológica”, eso si, que ha tenido como únicos destinatarios a ciudadanos no nacionalistas de la sociedad vasca.

Por la actividad de ETA esos miles de vascos desterrados, así como sus generaciones posteriores, fueron desprovistos no sólo de su proyecto de vida en su propia tierra (se lo cortaron de cuajo), sino también del ejercicio del derecho al voto en ella. En otros términos, del ejercicio de su derecho constitucional de autodeterminación interna a decidir sobre los asuntos de su comunidad, de su provincia y de su municipio.

Peor aún: en su inmensa mayoría, son desterrados que no existen para el Estado porque éste sólo reconoce la condición de amenazado si existe sentencia firme, incoación de proceso penal o diligencias judiciales. Se nota que no vivieron en el País Vasco y que lo desconocen todo.

Estamos en 2019, ETA ya no mata y el amor, la fratenidad, la ternura y la felicidad reinan de nuevo en el País Vasco como atestiguan los hostigamientos, insultos y agresiones por nacionalistas vascos “radicales” en San Sebastián, Bilbao y Rentería a los asistentes a actos de partidos constitucionalistas. Lo que no cambia es el hecho de que los cientos de miles de ciudadanos vascos desterrados y sus descendientes siguen siendo irrelevantes para el Estado y sin poder ejercer su derecho al voto en el País Vasco pese a las recomendaciones y peticiones en ese sentido del Defensor del Pueblo.

Ni los gobiernos españoles de las últimas décadas ni los miles de diputados que han tenido las Cortes han hecho nada para restituirles ese derecho. Tampoco los distintos gobiernos vascos, ni mucho menos el nacionalismo vasco han hecho nunca nada para restituir a esos ciudadanos vascos y a sus descendientes en su derecho de voto en el País Vasco. Es más, siempre se han manifestado en contra de cualquier modificación de la Ley Electoral que lo hiciera posible. Que voten los vascos de la “diáspora” no sólo les parece bien, sino que además está garantizado por el propio Estatuto. Que lo hagan los desterrados, eso nunca. Constituye un “error histórico” en forma de “pucherazo electoral”. Lo hemos comprobado en el reciente período electoral y lo comprueban a diario muchos no nacionalistas en muchos municipios del País Vasco a los que el nacionalismo imperante les impide vivir en libertad.