viernes, 26 de octubre de 2018

Socializar la mentira


Socializar la mentira

ANTÓN LUIS HARANBURU ALTUNA (El Correo, 26-10-2018).

 

Las unidades didácticas sobre ETA exoneran de responsabilidad al nacionalismo institucional que compartió ideas y objetivos con el que ha practicado el terrorismo

Tras la derrota del nacionalsocialismo en Alemania, a Konrad Adenauer no se le ocurrió llamar a las escuelas a los miembros de las SS o la Gestapo para que explicaran a los niños de aquel país su percepción de la política o facilitaran la convivencia entre los germanos. Tampoco en la España posfranquista se llamó a los falangistas de Girón o Blas Piñar para que dieran su versión sobre lo acontecido durante la dictadura en aras de la reconciliación nacional. Pero en el País Vasco somos tan distintos y originales que convocamos a terroristas convictos para que expliquen a nuestros hijos y nietos su visión sobre la convivencia entre vascos.
La propuesta de unidades didácticas sobre el terrorismo realizada por Jonan Fernández tiene la virtud de concitar el rechazo unánime de cuantos aspiramos a vivir en un País Vasco libre de la opresiva mitografía nacionalista. Las unidades didácticas de Fernández tienen, en última instancia, la intencionalidad de socializar la mentira. Una mentira urdida por ETA y sus secuaces y apadrinada por el nacionalismo institucional, que pretende asentar su posverdad sobre el terrorismo nacionalista que ha asolado el País Vasco durante décadas.
Nada tiene de extraño que quienes un día pretendieron ‘socializar el sufrimiento’ pretendan ahora socializar su mentirosa posverdad. Una mentira basada en la concepción posmoderna de la verdad, que prima la subjetividad y la percepción en detrimento de la objetividad del dato. El dato concreto y la verdad constatable pierden su inmediatez asertiva cuando los sometemos a la perspectiva de la ‘longue durée’, al que se refería Fernand Braudel, pero ello no significa que su veracidad decaiga. La Historia, con mayúscula, cobra sentido cuando los hechos se analizan desde la perspectiva del largo periodo, pero pueden convertirse en mentira cuando se manipulan mediante la mezcla de datos, emociones, sentimientos y consideraciones ideológicas.
Ampliar el foco de análisis no siempre favorece la verdad y, a veces, es el instrumento para deformar los hechos y negar su veracidad. Es lo que la propuesta de Jonan Fernández hace al ampliar el foco del terrorismo a la represión franquista, a los excesos policiales y a los infaustos casos de tortura que contextualizan el terrorismo nacionalista de ETA. En esta amalgama de vulneraciones de los derechos humanos, el terrorismo etarra cobra plausibilidad como una violencia de respuesta a una situación opresiva y carente de garantías democráticas. El terrorismo se convierte, así, en una más de las vulneraciones de derechos que la ampliación del foco permite observar. Ni que decir tiene que, de este modo ,el terrorismo etarra encuentra su perfecta ubicación ideológica en la subjetiva teoría del conflicto que anima la pervivencia y reproducción del nacionalismo.
La existencia de un supuesto conflicto que enfrenta a los vascos con España es la piedra angular de la ideología nacionalista. Lo fue en su fundación por parte de Sabino Arana y lo sigue siendo en la actualidad como principal premisa ideológica. ETA llevó a su paroxismo la existencia del supuesto conflicto y ejerció el terror en nombre de dicha falacia. Porque el supuesto conflicto que enfrenta a España y al País Vasco no deja de ser una mentira interesada, que no resiste ni el análisis histórico ni la percepción mayoritaria de la población vasca. El supuesto conflicto elevado a categoría de mítico postulado no deja de ser otra mentira, pero ejerce una poderosa influencia sobre el imaginario del nacionalismo vasco. Sin el mito del conflicto, el nacionalismo vasco carece de sentido, ya que el conflicto entre España y los vascos configura su marco cognitivo y político.
Es por ello que las unidades didácticas que el Gobierno vasco pretende llevar a las escuelas insisten en mantener el mito del conflicto, enmarcando en él todas las violencias habidas desde 1936 hasta la actualidad. En este contexto interpretativo la violencia nacionalista de ETA es «una más» entre las violencias y encuentra su sentido en el marco epistémico del conflicto.
Junto al postulado del conflicto, la propuesta del Ejecutivo autónomo pretende exonerar de toda responsabilidad al nacionalismo institucional que nos gobierna desde hace cuatro décadas. La eventual autocrítica no va más allá de una falta de sensibilidad o, acaso, de una ausencia de empatía con las víctimas, pero en ningún caso asume la responsabilidad política de compartir objetivos e ideas con el nacionalismo que ha practicado el terrorismo. Es como si ETA y sus secuaces hubieran nacido por generación espontánea y nada tuvieran que ver con el ideario común al nacionalismo.
Las escuelas vascas tienen ya demasiada carga ajena a la adquisición del conocimiento y son víctimas de una sobrecarga política disfrazada de reconocimiento de lo propio. La escuela de Euskadi necesita liberarse de la función adoctrinadora y reproductora del nacionalismo cultural para ser útil y eficaz en la formación de las futuras generaciones vascas. El informe PISA, entre otros, señala las graves carencias de nuestro sistema educativo al que no es ajena la sobrecarga ideológica. La propuesta de Fernández-Urkullu va en la dirección de incrementar esa sobrecarga. El lehendakari ha solicitado aportaciones para mejorar la aberrante propuesta de Fernández, pero mejor sería que lo guardara en el más oscuro de los cajones. Socializar la mentira equivale a obturar el futuro de todos.







jueves, 25 de octubre de 2018

Violencia institucional en Cataluña

Violencia desde la Instituciones de Cataluña

(Extracto del artículo)

 
Araceli Mangas Martín (El Mundo, 25-10-2018)


Las instituciones políticas de Cataluña consumaron su calendario hacia la ilegal declaración unilateral de independencia hace un año.
Hubo hechos antijurídicos infinitamente más graves que los desórdenes. Proclamar la independencia fue deliberadamente programada y ejecutada desde las instituciones catalanas conforme a un plan de ruptura de la integridad territorial de un Estado democrático. Decidir desde el Govern y el Parlament que el territorio de la Comunidad Autónoma se separa del conjunto del Estado y constituye un nuevo Estado es la más grave violación de la soberanía nacional y de la Constitución.
Lo grave fue la violencia institucional desplegada y ejercida en un tracto sucesivo desde las dos instituciones centrales del sistema autonómico, el Parlamento catalán y su Gobierno. Los actos jurídicos sucesivos tienen su inicio inmediato en la Declaración del 9 de septiembre de 2015 que proclamó ya entonces la desobediencia general al sistema constitucional y su calendario con la aprobación de las dos leyes (de 6 y 7 de septiembre de 2017) que desembocaron en dos declaraciones de independencia de 10 y 27 de octubre de 2017.
La sucesión de actuaciones jurídico-políticas ejecutadas por los responsables del Parlamento y Gobierno catalanes y su propósito finalista son el núcleo del grave delito cometido. No se sirvieron de la fuerza armada sino de la coacción jurídica desde las instituciones para forzar la separación territorial y situarla al margen de la Constitución con una nueva legalidad fundada en las leyes de septiembre de 2017. La clave de su fracaso es que no hubo reconocimientos desde el exterior.
El hecho más grave que puede suceder en una sociedad nacional es decidir romper su integridad y declarar la independencia de una parte del territorio. Es la mayor perturbación interna con efecto internacional. ¿Cómo no va a ser delito alzarse contra todo el ordenamiento jurídico-constitucional de un país, desautorizar a todas las instituciones del Estado y apoderarse del territorio que pretenden desgajar? ¿Cómo hemos olvidado que hubo nada menos que dos declaraciones de independencia, precedidas de dos leyes aprobadas y en vigor, entonces, que desgajaban el territorio nacional? ¿Cómo puede un Estado estar tan indefenso frente a actos tan graves de coacción jurídica lanzados por instituciones político-legislativas regionales?
Hubo coacción institucional contra el conjunto de la soberanía nacional, su integridad territorial y el orden democrático y constitucional.
En España se permitió al Parlament y al Govern ejecutar su plan de violencia jurídico-política de apropiarse de una parte del territorio para fundar un nuevo Estado. Se les dio toda clase de expectativas, plena confianza de que podían llegar hasta el final, y que a lo sumo se utilizaría la vía de recurso ante el Tribunal Constitucional. Y no era un contencioso competencial como muchos. Se les dejó hacer, consumar sus delitos con tranquilidad cuando la obligación del Gobierno era prevenir el delito contra la Constitución.
La obligación del Estado (incluida la oposición democrática) era haber impedido por la vía político-constitucional, como es el artículo 155 CE, su propósito de erigir una estatalidad paralela. Si se hubiera encauzado la situación con determinación en la defensa de la Constitución, no habríamos entrado en el bucle de la república virtual ni en el judicial penal. Los jueces han entrado en la escena porque Gobierno del PP y oposición (PSOE, Cs y Podemos) no quisieron impedir el delito contra la integridad territorial y la Constitución. En España se permitió la comisión final del delito por un Gobierno de derechas inepto y cobarde, y una oposición de centroderecha y de izquierdas irresponsables y cortoplacistas que no defienden los valores constitucionales e intereses generales.
El ex presidente Felipe González ha afirmado que se debió utilizar el art. 155 con ocasión del primer acto de rebeldía institucional cuando Artur Mas convocó el primer referéndum en 2012. Pero ni el Gobierno de España ni su oposición democrática asumieron sus obligaciones constitucionales con la unidad nacional; sólo la Jefatura del Estado asumió el riesgo de la defensa de la Constitución democrática y de las libertades de todos los españoles, limitándose a recordar al Gobierno y poderes constitucionales sus obligaciones de defensa de la democracia.
De haber reaccionado entonces por la defensa de la convivencia en paz frente a la violencia institucional, nos habríamos ahorrado la grave fractura de la sociedad catalana y el afianzamiento de los partidos independentistas en la falsa realidad de la república proclamada. Ahora por no haberlo resuelto en su único cauce político-constitucional, hemos endosado el enjuiciamiento de toda esa violencia al Tribunal Supremo enredados en el inexorable bucle judicial penal.
Araceli Mangas Martín es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UCM.