Fábrica de separatistas
JAVIER TAJADURA TEJADA
Profesor de Derecho Constitucional de la UPV-EHU.
(Diario Vasco 27 abril 2018)
Hoy se cumplen seis meses de la intervención de la
Comunidad Autónoma catalana mediante la aplicación del artículo
155. Aunque el Gobierno central pretendió limitar al plazo más
breve posible la intervención, esta se ha prolongado mucho más de
lo que aquel hubiera deseado. Ahora bien, a pesar de esta prolongada
duración, las actuaciones realizadas al amparo del artículo 155 han
sido las imprescindibles para garantizar el normal funcionamiento de
los servicios públicos. El Gobierno de Rajoy se ha limitado en estos
meses a cesar a 250 cargos de confianza comprometidos con el proceso
separatista y a suprimir algunas estructuras, como pueden ser las
«embajadas» catalanas cuya única función era denigrar a España y
hacer propaganda a favor de la secesión. Pero, al margen de estas
decisiones, no se han tomado decisiones políticas significativas y,
lo que resulta más asombroso, no se ha actuado contra la auténtica
«fábrica de separatistas» que, entre otros éxitos, logró que dos
millones de personas votaran el pasado 21-D a favor de partidos que
jugaron un papel fundamental en la rebelión del año pasado.
Uno de los tópicos en que más se insiste -desde
posiciones claramente independentistas o, sobre todo, desde quienes
practican una inaceptable equidistancia entre los golpistas y el
Estado- es el de que el Gobierno de Rajoy ha funcionado como una
fábrica de independentistas. Se sostiene que la supuesta política
recentralizadora del Gobierno y la adopción de medidas represivas,
como las querellas criminales presentadas por el Ministerio Fiscal
contra los principales dirigentes independentistas o la misma
aplicación del artículo 155, han contribuido a incrementar el
número de partidarios de la secesión. Nada más lejos de la
realidad. El número de partidarios de la secesión aumentó
peligrosamente en los últimos años como consecuencia de la
pasividad y la absoluta falta de reacción del Estado. La única
fábrica de separatistas que ha existido y continua funcionando a
pleno rendimiento es la constituida por los medios de comunicación
públicos (y privados) y por el sistema educativo catalán. La
presión mediática, la educación sectaria y la intimidación social
-y no las legítimas medidas represivas adoptadas por el Estado- son
las que explican el auge del separatismo. Ahora bien, en la medida en
que el responsable directo de la situación actual es ahora el
Gobierno central, que sigue sin hacer nada para poner fin a esa
situación, sí que podemos decir que funciona como una fábrica de
independentistas. Pero no por acción, sino por omisión.
El Departamento de Educación de la Generalitat
continúa en situación de rebeldía y desobediencia manifiesta a las
resoluciones del Poder Judicial. El Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña en numerosas sentencias ha exigido que los centros
educativos impartan al menos un 25% de las clases en castellano.
Obligación que sigue sin cumplirse. Pero quien desobedece a la
Justicia y se niega a garantizar el derecho fundamental a ser
escolarizado en la lengua común no es ya ningún consejero catalán.
El responsable directo es hoy el ministro de Educación del Gobierno
de España. Por otro lado, tampoco hay voluntad de poner fin al
adoctrinamiento nacionalista en las aulas. La Fiscalía ha actuado en
algunos casos extremos presentado querellas contra docentes que
califican a los guardias civiles de «bestias» y «perros rabiosos».
La televisión pública catalana, por su parte, con
su cobertura de apoyo al que llaman presidente en el exilio y con su
respaldo al proceso secesionista funciona como un formidable aparato
de propaganda al servicio del independentismo. Su principal tarea ha
sido y es insuflar el desprecio, cuando no el odio, a todo lo que
suene a España. A pesar de ello, el Gobierno sigue negándose a
extender la aplicación del artículo 155 a TV3.
Finalmente, la violencia verbal y el hostigamiento
contra jueces y políticos aumenta. Este martes fue la casa del
secretario de Organización del PSC la que apareció con pintadas
amenazantes. En otros casos, dirigentes de Ciudadanos o jueces han
sido objeto de este tipo de comportamientos totalitarios. Mientras,
en las fachadas de los edificios de las consejerías de la
Generalitat, cuelgan lazos amarillos reivindicando la libertad de los
«presos políticos».
Esta es la situación que vive Cataluña seis meses
después de su intervención. Desde la óptica del pleno
restablecimiento del orden constitucional y democrático, la
intervención ha resultado un fracaso. Como deja entrever el juez
Llarena en el auto de procesamiento de los principales líderes
separatistas, la aplicación del 155 ha supuesto un mero paréntesis
en la rebelión. Resulta por ello descorazonador que la principal
preocupación del Gobierno sea hoy -por razones tan cortoplacistas
como suicidas- poner fin al 155 para que el PNV pueda votar los
presupuestos.
El martes, la Mesa del Parlament aceptó la
delegación del voto del prófugo Comín. Delegación que es
contraria a la Constitución y al reglamento parlamentario. Pero,
¿permitirá el Gobierno que la mayoría independentista invista, de
forma inconstitucional, a un president para poner fin al 155? De
momento no va a recurrir la medida que lo posibilita. Sí lo va a
hacer Ciudadanos, que sí ha criticado esta medida del Ejecutivo, y
también el PP catalán
