La Constitución , la educación y la tinta del calamar
Dos hechos importantes debieran preocuparnos a los españoles en estos momentos. Su gravedad es tal que pueden suponer la disgregación de la actual España. Mientras esto ocurre, los españoles son distraídos por socialistas-populistas (sanchistas), izquierdistas radicales y nacionalistas, utilizando la política conocida como “tinta del calamar”. El propósito no es otro que distraerlos con toda serie de subterfugios (leyes, decretos, discursos, discusiones, etc.), incluido el silencio, para que no se hable demasiado de estos dos hechos que son lo verdaderamente importante: la disolución de la actual Constitución y la indefensión del idioma común en la educación, que atacan al corazón de nuestra convivencia. Y en este propósito la oposición y la mayor parte de los medios de comunicación, con su silencio culpable o su tibieza manifiesta, dejan hacer irresponsablemente esa política.
El ataque a la Constitución del 78, a través de leyes, decretos y una serie de disposiciones propias de ingeniería política, la van socavando continua y sistemáticamente. Se trata, en el fondo, de debilitarla para llegar, de facto, a una situación de corte confederal donde la soberanía de hecho no recaiga exclusivamente en el conjunto del pueblo español, sino que sea compartida por el Estado y las Comunidades Autónomas. En este escenario, el derecho a decidir ni siquiera es necesario. De esta manera una Comunidad Autónoma tendría por la vía de los hechos un estatus soberano similiar al que pudiera tener en un estado confederal. Paralelamente, se están minando de forma sectaria las principales instituciones del Estado con el nombramiento de personas afines para que no dificulten los pasos que se están dando en la dirección indicada, haciendo desaparecer la separación de poderes propia de un estado democrático de derecho.
Todo ello responde a un proyecto perfectamente diseñado para sentar las bases de la demolición de la actual Constitución que permitiría ser sustituida por otra que, en el mejor de los casos, sería de corte confederal y llevaría implícito dicho proyecto el ejercicio del derecho de autodeterminación a través de un referéndum, quedando abierto el camino a la posible disolución de lo que es hoy España.
El segundo hecho grave, que forma parte de lo anteriormente expuesto, es el referente al trato que está teniendo el idioma común de todos los españoles, el castellano, hablado por el cien por cien de la población, en aquellas Comunidades donde coexiste con otra lengua propia del lugar. La política de hechos consumados está permitiendo, desde hace años, el desplazamiento sistemático del castellano como lengua vehicular de la enseñanza hasta su práctica total anulación. Esta es una realidad en su 100% en Cataluña y Baleares, y en un 95 % de la enseñanza primaria de la escuela pública (no concertada) en el País Vasco donde se hace exclusivamente en euskera, según datos del Eustat (Instituto Vasco de Estadística). ¿Cómo es posible entender que los padres de familia que lo deseen no tengan ningún derecho a que sus hijos reciban la enseñanza primaria de la escuela pública en su lengua materna castellana, y ni siquiera sea posible hacerlo en una enseñanza bilingüe paritaria que garantice el aprendizaje de las dos lenguas por igual?
La irresponsabilidad del actual gobierno, así como la laxitud de la oposición y los medios de comunicación son manifiestas. Está en juego la pacífica convivencia del pueblo español. Este no es el camino.
José Bidaria
