Mentiras y fantasías entre Madrid y Caracas
Araceli
Mangas El Mundo (19-2-2020)
La
autora aclara varias de las falacias respecto al encuentro en Madrid
de Ábalos con la 'número dos' chavista. Deja claro que Delcy
Rodríguez sí pisó territorio español y el Gobierno violó las
sanciones de la Unión Europea.
Puede
estar tranquilo el lector que no voy a escribir sobre la enésima
versión de la visita de la vicepresidenta de Venezuela a Madrid ni
de los desarreglos de sueño del fementido ministro Ábalos ni
del probable chantaje al Gobierno de España ni sobre si hubo
desembarco de decenas de maletas (¿droga? ¿dinero público? o
¿folletos sobre para la Feria Internacional de Turismo a repartir
por el ministro del ramo?). Ni siquiera voy a comentar lo que este
embrollo sugiere: que la
política exterior de España se ha roto con el Ejecutivo de
coalición.
Se puede decir en inglés o en español: España no ha vuelto; ni
está ni el presidente confía en la ministra. España se marchó del
mundo cuando Josep Borrell asumió la política exterior de la UE (al
ser nombrado ministro escribí Volver
a Europa y al mundo,
EL MUNDO, 20/06/2018). Moncloa no cuenta con la diplomacia española.
Pero hoy no toca.
Me
interesa aclarar en esta limitada tribuna dónde comienza el
territorio nacional, si todo el aeropuerto de Barajas es o no
territorio español y cuál es el Gobierno reconocido y efectivo de
Venezuela. El territorio de un Estado comprende la superficie
terrestre -con su prolongación sumergida, que es la plataforma
continental-, también sus espacios marítimos de soberanía (aguas
interiores y mar territorial) y, sobre todo, su prolongación
vertical, el espacio aéreo. Desde los romanos, quien es dueño del
suelo es dueño del vuelo. Por tanto, desde que el avión de Delcy
Rodríguez cruzó la frontera aérea española pisó desde el aire el
territorio español en su dimensión de espacio aéreo.
Precisamente, el Reglamento 2017/2063 del Consejo -que desarrolla las
sanciones por tráficos ilícitos militares e informáticos con
Venezuela- define que el "territorio de la Unión" al que
se refieren las prohibiciones son "los territorios de los
Estados miembros, incluido su espacio aéreo".
Algunos
medios de comunicación atribuyen a supuestos informes policiales que
la vicepresidenta Rodríguez "no pisó suelo español". No
sé qué es "suelo" español; pero sé lo que es el
territorio español. Es posible que Delcy levitara; aun así, estuvo
en España. O, aunque la llevara en brazos por las pistas del
aeropuerto el robusto ministro o su fornido guardaespaldas, también
estuvo en el territorio español. Fueron muchas horas, durante el
sobrevuelo al entrar y salir de España, y mientras deambuló por la
zona de tránsito del aeropuerto de Barajas durante toda una noche.
Los ministros debían hacer un
curso acelerado de formación profesional para
conocer qué comprende el territorio del Estado que van a
administrar. Y quizá también la Policía Nacional y los medios de
comunicación.
Todo
el espacio ocupado por un aeropuerto internacional, como el de
Barajas o el del Prat en Barcelona, es territorio español. En los
aeropuertos no hay ninguna frontera o línea fronteriza y no hay
tierra de nadie; en ellos se ejerce la función soberana del control
fronterizo. No hay espacios muertos. Todo su terreno es territorio
español. Periodistas y políticos, Ábalos y toda la indigencia
intelectual del Congreso de los Diputados aceptaron la fantasía de
una inexistente zona internacional al margen del territorio nacional
en el aeropuerto internacional.
Es
falsa e inaceptable la denominación de zona internacional de un
aeropuerto, pues no goza de estatuto internacional salvo en la
fantasía de periodistas y políticos.
La denominación da a entender algo falso, que escapa a la soberanía
y al ordenamiento territorial. Cualquier conducta o acto delictivo
cometido en esa zona se somete a la ley y jurisdicción española; no
es una terra
nullius o
sin soberano. Esas zonas son técnicamente zona de tránsito dentro
del territorio nacional a fin de ejercer la función de control
fronterizo que es imposible hacer en el aire en el preciso momento
del cruce de la frontera aérea, o dentro del avión al aterrizar, o
cuando bajan la escalera o salen del finger.
Si alguien no reúne las condiciones para la admisión se queda en
esas salas próximas o zonas de tránsito, previa o liminar al cruce
formal del puesto fronterizo, hasta que se resuelva su devolución, o
su detención, o solicite asilo. Ni mentiras ni fantasía.
Al
referirse a personas físicas, la Decisión 2017/2074 del Consejo de
13 de noviembre de 2017 explicita que a los sancionados venezolanos
no se les puede permitir que entren ni en zonas de tránsito. La
prohibición para el ingreso es en la totalidad del territorio de
soberanía. No pueden entrar en el espacio aéreo ni para escala
técnica. Se ha dicho que fue escala técnica, falso; la escala
técnica, según las normas de la OACI, solo
se permite para repostar o reparar daños graves en
la aeronave o atender a personas en extrema gravedad. Al desembarcar
personas (como el ministro de Turismo) o mercancías (maletas
camufladas como valija diplomática) ya fue una escala ordinaria.
Pero en escala técnica siguen estando en territorio español. La
jurisprudencia del TJUE, del de Estrasburgo y del Tribunal
Constitucional (Auto 66/1996) no dejan dudas: "No cabe...
deducir que la llamada zona internacional del aeropuerto... no sea
territorio español. Tanto el espacio aéreo como los aeropuertos
están sometidos a la soberanía española".
La
vicepresidenta venezolana entró en territorio español al cruzar el
espacio aéreo aunque no pasara por el control fronterizo. Por tanto,
el Gobierno de España violó la prorrogada Decisión 2017/2074 y la
Decisión 2018/901 que le prohíbe expresamente a ella la entrada en
la UE. Y se motiva en la Decisión: "Por usurpar las funciones
de presidenta de la Asamblea venezolana [las de Guaidó] al presidir
la inconstitucional Asamblea constituyente creada por Maduro sin
respetar la propia Constitución chavista. Maduro no respeta al
Parlamento venezolano de mayoría opositora, tras negarse a reconocer
el triunfo de la oposición en las elecciones y falsear los
resultados".
Y
fue una deliberada violación del Derecho de la UE por España. La
Administración aeroportuaria de destino tiene siempre información
exacta de todo avión público o privado o comercial extranjero que
solicita autorización para aterrizar y de las personas que viajan en
él. El Ministerio del Interior sabía quién venía pues todo
ingreso en el territorio español, como en toda la UE, requiere
controles cruzados con sistemas electrónicos (Sistema de Información
Schengen, SIS II) con descripción de nacionales de terceros países
a efectos de denegación de entrada o de estancia. El Ministerio del
Interior debió haber comunicado que no autorizaba el aterrizaje y,
por tanto, no debió despegar con destino Madrid o se desviado a un
tercer Estado (Marruecos). Moncloa no está por encima de la ley.
La
prohibición de viaje a la vicepresidenta venezolana es de junio de
2018; desde entonces su nombre estaba en el sistema informático de
la UE. El Gobierno de Sánchez-Iglesias sabía que violaba una norma
de la UE al autorizar su ingreso: "Queda prohibido participar,
de manera consciente y deliberada, en actividades cuyo objeto o
efecto sea eludir las medidas establecidas en la presente Decisión"
(art. 10). Obviamente, el Estado no se sanciona a sí mismo, pero
podría depurar responsabilidades políticas. Y al ser materia de
política exterior no cabe la demanda de la Comisión ante el TJUE
contra España. ¿Consecuencias cuando un Estado permite el viaje?
Las que en los Estados democráticos tiene la mentira.
No
voy a entrar en la trampa de gobiernos de facto o de iure. El único
Gobierno reconocido por España y la inmensa comunidad internacional
es el del presidente Nicolás Maduro, torturador y asesino, como se
deduce del Informe de la socialista Bachelet por encargo de la ONU.
No hemos roto relaciones diplomáticas con Venezuela y éstas son con
el Gobierno efectivo, sea ilegal o ilegítimo, sean criminales y
narcotraficantes (ya lo expuse en una tribuna el 7/02/2019,
Reconocimiento y Derecho internacional). El resto es legítima
presión política contra el tirano. Menos fantasmagorías sobre las
presidencias de ficción sin control territorial. Y no magnifiquemos
el incidente. Solo anuncia algo más grave que la ruptura de la
política exterior: la quiebra del Estado de derecho. El poder
político no está dispuesto a someterse a las leyes en España
