LOS RESPONSABLES
CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO
El Mundo (26/04/2016).
EL CRUEL ABRIL. Lunes 11. Una
escritora llamada Empar Moliner quema un ejemplar de
la Constitución en la televisión pública catalana. La cadena se
justifica diciendo que la intención de la 'performance' era
metafórica. Moliner insiste luego: "La Constitución no
garantiza el derecho de los pobres".
Jueves 14. El secretario de Estado
de Cultura, José María Lassalle, presenta en un
acto en el Ritz al delegado de la Generalidad en Madrid, Ferran
Mascarell. Le dedica enfáticos elogios: "Un
independentista de razón". Despeja coquetamente las críticas:
"Ferran y yo aceptamos estas cosas como el producto de nuestra
personal e intransferible heterodoxia". Y dice que no son ellos
los excéntricos sino la España cainita: "En cualquier otro
país europeo sería normal".
Domingo 17. El periodista Jordi
Évole entrevista en La Sexta al terrorista convicto Arnaldo
Otegi, que aprovecha la oportunidad para promover su
candidatura a 'lehendakari' y atacar al Estado. El diálogo culmina
con otro sorprendente hermanamiento. Otegi: "Por esta entrevista
recibiré críticas por los dos lados, Jordi". Évole: "Yo
también". Dos víctimas de las víctimas. Sin solución de
continuidad, la periodista Ana Pastor entrevista al presidente de la
Generalidad, Carles Puigdemont, que mantiene su
intención de destruir al "dragón" español en unos pocos
meses.
Miércoles 20. La alcaldesa de
Barcelona, Ada Colau, tumba una propuesta del PP
para organizar un homenaje a la Constitución después de dedicar
cuatro días a conmemorar la proclamación de la República. Su
número dos lo justifica diciendo que la República es
"democráticamente coherente" con los valores del
Ayuntamiento y, en cambio, la Constitución "está vacía de
contenido".
Hay tres formas de eludir la
responsabilidad en el sombrío devenir de un país: "Piove,
porco governo". O: "El pueblo tiene el gobierno que
se merece". Y: "Las leyes no funcionan". En
España proliferan las tres; la última, con fuerza creciente. La
reforma de la Constitución se ha convertido en el quijotesco bálsamo
de Fierabrás. Los pioneros en su prescripción fueron los
socialistas, que querían ocultar su responsabilidad en la
centrifugación del Estado. Aquel inolvidable zapaterismo: "Aprobaré
el Estatuto que venga de Cataluña". Pero ahora también hay
curanderos en Ciudadanos y en el PP, que recetan unas gotas de "ese
estremado licor" de la reforma constitucional para remediar los
problemas del país. Homeopatía política. Pseudociencia populista.
La Constitución no ha fallado a la
democracia; los que han fallado a la democracia son los llamados a
defenderla. Los buenos a los que Burke señala por
su indolencia. El grupo que el Diccionario define como "minoría
selecta o rectora": las élites.
El problema no es que una
autoproclamada "payasa escritora" queme la Constitución en
ejercicio de su derecho a la ofensa ni que un ayuntamiento populista
desprecie la fuente de su propia legitimidad. El problema es que
buena parte de los políticos, periodistas y empresarios españoles
también dan la Constitución por amortizada y que prácticamente
nadie milita en defensa y homenaje de nuestra mejor obra colectiva.
El problema no es que un separatista sea delegado de la Generalidad.
El problema es que el responsable de la política cultural del
Gobierno de España conceda una base racional a sentimientos
atávicos. Y que lo haga apelando precisamente a la Europa moderna,
que se ha construido contra el nacionalismo y sus millones de
muertos. Y el problema, claro, no es que un terrorista convicto
aspire a gobernar, sino que las instituciones -políticas,
mediáticas, económicas- faciliten su objetivo.
Una gran parte de las élites
españolas llevan 40 años en funciones. Por acción y por omisión
han favorecido la construcción de un Estado basado en concesiones de
orden político al nacionalismo. Muchas de ellas, además, basadas en
corruptos negocios personales. ¿Cuántos '#AutonomyPapers'
habrá bajo tierra? El resultado es una doble crisis
territorial y económica. Un profundo déficit de convivencia y un
pertinaz déficit fiscal.
El escaso compromiso de las élites
es una de las claves de la historia de España y, en parte,
consecuencia de la falta de autoestima. Hace años ya que Raymond
Carr y John H. Elliott desmintieron la
visión peyorativa que los propios españoles se habían dedicado a
propagar sobre sí mismos, desde la leyenda negra. Pero ni aun así.
Apatía y autoflagelación; egoísmo y catastrofismo; narcisismo y
desconfianza. La incapacidad de articular un relato nacional cívico,
coherente e integrador sigue lastrando el proyecto español.
Socialmente es más rentable decretar el fracaso que apuntalar el
éxito, ponerse de perfil que dar la cara, promover la ruptura que
favorecer la reforma. Preferimos los adanes a los adultos,
porque hemos elegido vivir en un estado de irresponsabilidad
permanente.
Las élites siguen en funciones
porque tienen una visión funcionarial de la democracia. Como si la
democracia fuera una oposición, el visado a una vida vegetativa.
Como si su continuidad dependiera exclusivamente de una rutina
interna -el voto- y de una tutela externa -Bruselas-. La democracia
concebida como un funcionariado explica buena parte de las
tribulaciones presentes. Las élites no han entendido que la
democracia ha de defenderse y que esa defensa exige asumir un riesgo
moral, social y económico.
No hay un problema catalán
o vasco. Hay un problema español.
Hemos confundido la parte con el
todo. Hemos convertido al nacionalismo en único interlocutor
legítimo y a los no nacionalistas en huérfanos políticos. Hemos
cedido el concepto de diversidad a los que publican editoriales
únicos y encuadran a las masas. Les hemos entregado las aulas y los
platós a costa del pluralismo y la libertad. Hemos legitimado su
discurso del agravio fiscal y la ordinalidad insolidaria. Hemos
nombrado "español del año" a un nacionalista corrupto y
desleal. Nos hemos resignado a la vulneración sistemática de la ley
sobre la lengua y los símbolos comunes. Hemos promovido un Estatuto
intervencionista e inconstitucional. Hemos legalizado al brazo
político de ETA sin exigir a cambio ni la entrega de las armas ni la
condena de los asesinatos. Hemos permitido la celebración de una
consulta contra el derecho de todos los españoles a decidir su
futuro. Hemos apartado el desafío secesionista del debate político,
incluso de la campaña de las elecciones generales, porque
confundimos el centro con la equidistancia y la defensa de la razón
democrática con la radicalidad.
Tampoco hay un problema de
populismo. Nuestro problema es la irresponsabilidad.
Hemos generado expectativas de
bienestar infinito sabiendo que eran imposibles de cumplir. Hemos
antepuesto nuestros prejuicios ideológicos a una educación de
calidad, formando los adultos con la comprensión lectora más baja
de la OCDE. Hemos hecho negocio con la corrupción: con su ocultación
y con su denuncia. Hemos contribuido a la banalización de la
política y a la politización de la justicia. Hemos puesto
televisiones privadas al servicio de ideas y personalidades
corrosivas, y hemos renunciado a la televisión pública
como instrumento de pedagogía democrática. Hemos promovido la
división de la izquierda creyendo que nos beneficiaría. Hemos
pactado con los populistas contra la derecha en comunidades y
ayuntamientos. Y hemos jugado a ser colegas de los más vulgares
demagogos, trazando una división facilona y falsa entre vieja y
nueva política.
¿Nueva política? De momento,
seguimos en funciones. Las esperanzas de un gran Acuerdo por la Razón
han quedado sepultadas bajo una losa de líneas rojas, vetos
personales y cálculos electoralistas. Sánchez, el principal
culpable del fracaso: "¿Qué parte del no no ha entendido?"
Rajoy: "No tiene sentido que yo acuda a la investidura".
Rivera: #MarianoRajao. Y, mientras tanto, en prime time, el tridente
Otegi-Iglesias-Puigdemont.
En diciembre se cumplen 40 años de
la aprobación de la Ley para la Reforma Política, uno de los
ejemplos de responsabilidad colectiva más decisivos de nuestra
historia. Por cierto, protagonizado por hombres... y Carmen Díez de
Rivera. España no necesita menos testosterona, como sentenció el
sábado la presidenta Cifuentes. Tampoco necesita
una segunda Transición. Lo que necesita son élites a la altura de
la primera. Dispuestas a plantar cara a la demagogia de emoticono.
Hace unos años, en El País, Jürgen
Habermas hacía la siguiente reflexión: "¿Qué
significa realmente impopular? Si una solución política es
razonable, no debe suponer el menor problema plantearla al electorado
de una democracia. ¿Y cuándo hacerlo si no es antes de unas
elecciones? Cualquier otra opción supone un encubrimiento tutelar".
El verdadero cambio -la revolución-
llegará cuando las élites españolas asuman su responsabilidad con
la democracia. Es decir, cuando cierren la grieta entre su
discurso público y la verdad.
Cayetana Álvarez de Toledo
es portavoz de Libres e Iguales.
