Usos políticos del lenguaje

 

Usos políticos del lenguaje

Extracto del artículo publicado en ABC (8-8-2025)

Salvador Forner Muñoz

El lenguaje ha sido fundamental a lo largo de la historia para la transmisión de ideas, la construcción de identidades y la consolidación del poder. En los totalitarismos, el lenguaje puede convertirse en un arma de manipulación, en un mecanismo para reconfigurar la realidad y legitimar acciones que, en otros contextos, serían inaceptables.

La apropiación del término (progresismo) ha sido inteligente desde el punto de vista comunicativo. Ya no existe un partido 'progresista'; el progresismo es ahora un paraguas bajo el cual se agrupan izquierda, extrema izquierda, comunismo, separatismo xenófobo, supremacista e incluso sectores vinculados ideológicamente al terrorismo. Los que quedan fuera del marco discursivo oficial son presentados como (reaccionarios) enemigos del progreso, del feminismo, de la justicia social y de la diversidad. Lo que puede ocurrirle al actual progresismo es que, por su sobreutilización discursiva y su perversión semántica, termine agotándose. Es probable que el electorado descubra cómo ciertas élites que se presentan como defensoras del progreso en realidad se aprovechan de una retórica manipuladora, considerando a sus votantes menores de edad y meros instrumentos para la conquista del poder. Lo que se ventila no es solo una disputa política, sino una disputa semántica. El concepto de 'progresismo' puede convertirse en un significante vacío, moldeado por el poder. Es necesario recuperar una reflexión rigurosa sobre el lenguaje y sus usos políticos. No basta con proclamar valores; es preciso verificar si estos se corresponden con las acciones y las consecuencias que se derivan de ellos. Sobre todo, es urgente rescatar la transparencia semántica como condición indispensable para una democracia auténtica, donde los ciudadanos puedan decidir libremente sin ser prisioneros de artificios discursivos.

Desengaño y desilusión en política

 Desengaño y desilusión en política.

Podemos, Vox y Sumar son el resultado de la desilusión causada por el engaño consciente de las políticas llevadas a cabo por los dos grandes partidos nacionales PSOE y PP, cuando les ha tocado gobernar. Los incumplimientos de sus promesas y programas electorales, llevando a cabo una política diametralmente opuesta a la anunciada, ha sido todo un desengaño y desilusión para sus electores y buena parte de ellos decidieron abandonarlos. Si a esto añadimos que con el ejercicio del poder, al trascurrir de los años, no han sido capaces de resistir la tentación del cáncer de la corrupción, entonces tenemos la tormenta perfecta para el desengaño. Escándalos como los Eres en el PSOE y, Gürtel en el PP, a título de somero ejemplo, entre otros varios, dan idea de la magnitud del problema. Así, vemos por parte del PSOE, el rosario de mentiras del actual Presidente del Gobierno, su control espurio de buena parte de las más altas instituciones estatales y la paulatina degradación del Estado de Derecho. En cuanto al PP, haciendo lo contrario a lo anunciado en su programa electoral de bajada de impuestos, o ser incapaces de revertir leyes sectarias, cuando gobernaron, son pesadas cargas difíciles de justificar. Y en lo referente a ambos partidos, destacar la gravedad de permitir la desaparición del castellano como lengua vehicular en la enseñanza pública de primaria en el País Vasco y Cataluña, en lugar de hacer posible una amable convivencia de las diferentes lenguas en la educación. La paciencia tiene un limite. Pero la endogamia de los partidos muchas veces no les hace ser conscientes de su situación y creen que el tiempo lo curará todo. La única solución posible es una regeneración de las formaciones afectadas. Necesitamos partidos sinceros, fuertes, honestos y fieles a sus ideales y principios. Sólo el tiempo nos dirá si son capaces de llevarla a cabo. Los ciudadanos esperamos expectantes.

José María Ugarte Alonso.

Consecuencias imprevisibles

 Consecuencias imprevisibles

Las imprecisiones, resquicios o lagunas en una Constitución pueden tener imprevisibles consecuencias. Veamos algunas de nuestra Constitución. El Tribunal Constitucional está constituido por 12 miembros, de los cuales dos son nombrados por el Gobierno. Y me pregunto: ¿un tribunal de garantías, con este vicio en origen, puede ser independiente? La realidad nos ha hecho ver que este Tribunal no lo es y su descrédito es evidente. Del mismo modo, según la Constitución, el Gobierno nombra al Fiscal General del Estado. Lo lógico sería que ese nombramiento se hiciere por una mayoría cualificada para evitar que se convierta en el “Fiscal General del Gobierno”. El resultado es que tenemos al Fiscal General imputado por defender postulados del Gobierno, retorciendo argumentos, en contra del interés general. Otra anomalía qe consagra la Constitución se da al hacer posible la diferencia de competencias que cada Comunidad Autónoma asume en sus respectivos Estatutos, creando serios agravios comparativos y desigualdades sociales notables, existiendo de hecho Autonomías de primera y segunda clase. Del mismo modo, al no estar blindadas la competencias estatales es posible trasferir o delegar competencias del Estado que crean más agravios comparativos y dan lugar, como se está viendo, a chantajes impresentables de ciertos grupos políticos. Finalmente, la ausencia de garantías constitucionales en materia educativa, cual es el derecho de los padres a educar a sus hijos en la lengua del Estado, ha dado lugar a que en Cataluña y País Vasco los alumnos de la enseñanza pública obligatoria no sean educados en la lengua del Estado hablada por el 100% de la población, incumpliendo además sentencias judiciales. Todos estos resquicios que presenta nuestra Constitución han sido utilizados por el sanchismo para infectar nuestra ya débil democracia formal , convirtiéndola de hecho en una anocracia.

José Bidaria.

La colonización de las instituciones

 La colonización de las instituciones

La colonización de las instituciones públicas que está llevando a cabo Pedro Sánchez, independientemente de su falta de escrúpulos al ejercer la política, es la consecuencia de que la Constitución, en lo referente a la composición de importantes órganos del Estado, lo permite y además carece de contrapesos que eviten leyes abusivas que regulen determinados nombramientos clave. Ni el PSOE ni el PP han dado los pasos necesarios para corregirla cuando han gobernado, haciendo uso y abuso de esos nombramientos porque la ley se lo permite.

Me referiré a alguno de los nombramientos más importantes que necesitan de una reforma que garanticen su imparcialidad. En primer lugar, el Tribunal Constitucional. ¿Cómo es posible que el tribunal de la máxima garantía constitucional, según lo expresa el artículo nº 159 de la Constitución, pueda estar formado, entre otros, por dos vocales a propuesta del propio Gobierno? O el nombramiento del Fiscal General del Estado (artº 124) Lo mismo puede decirse de órganos de la administración, vitales para mantener una verdadera independencia, propios de una verdadera democracia, que deberían ser concensuados tales como los nombramientos de directores del Banco de España, CNI, CIS, Televisión Española, Instituto Nacional de Estadística. Cuan lejos estamos de un sincero sentir democrático de nuestro estamento político. Siempre pensando en las ventajas que les den las leyes al alcanzar el poder. Y en lo tocante a la judicatura da vergüenza ver como, con total naturalidad, se habla de jueces progresistas y conservadores que, votando en bloques sin fisuras, hacen dudar de su imparcialidad. Una total ausencia de visión de Estado.Y así nos va.

José María Ugarte Alonso

Democracia formal y democracia auténtica

 Democracia formal y democracia auténtica.

España es una democracia formal. Tiene las instituciones necesarias para serlo: parlamento elegido en elecciones libres y controladas, un poder judicial con suficientes garantías para impartir justicia y un poder ejecutivo resultado de una mayoría parlamentaria. Es decir, se dan los supuestos para ser un Estado de derecho con división de poderes. Pero una democracia auténtica es aquella que además de garantizar una división de poderes formal cumple con otros requisitos, tales como hacer cumplir las leyes y sentencias judiciales, respeto al adversario político sin establecer líneas rojas y no menoscabar el sentido de las instituciones, empleando artimañas que las perviertan, utilizando toda una serie de recursos de perniciosa ingeniería política.

Como ejemplos, por ser breve, vemos que no se respetan ciertas leyes y no se exige cumplir sentencias como el empleo de un mínimo de un 25% de la enseñanza en lengua castellana; utilización desmedida de decretos-leyes que hurtan al Parlamento su previa discusión y falta de consulta a organismos preceptivos; o colonización por el Ejecutivo de instituciones básicas como Tribunal Constitucional, Fiscalía del Estado, CNI, CIS, INE, Banco de España, TVE, etc., nombrando a personas políticamente afines carentes de la debida independencia e imparcialidad. Si a esto lo sazonamos con el uso habitual de la mentira entre el dicho y lo hecho, el panorama es descorazonador. Es triste decirlo, pero España está aún distante de ser una auténtica democracia. Y la situación va empeorando.

José María Ugarte Alonso

Estado de alarma

 Estado de alarma

Llevamos quince días en los que están corriendo ríos de tinta sobre las responsabilidades de las distintas autoridades en la tragedia de la DANA. Todos hablan de una emergencia nacional, pero conviene diferenciar que, en este caso, se trata de un estado de alarma no un estado de emergencia, según lo fija la ley orgánica 4/1981, de 1 de junio, que desarrolla el artº 116 de nuestra Constitución por la se establecen los estados de alarma, emergencia y sitio. Sobre el estado de alarma, la citada ley dice así:

Capítulo 1, Artículo primero.

Uno. Procederá la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes.

Capítulo 2, Artículo cuarto.

El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo ciento dieciséis, dos, de la Constitución podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad.

a) Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.

b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.

c) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos veintiocho, dos, y treinta y siete, dos, de la Constitución, concurra alguna de las demás circunstancia o situaciones contenidas en este artículo.

d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

Que el lector juzgue de quién es la primera y principal responsabilidad.

Neolenguaje en política

 Neolenguaje en la política

José Bidaria

La neolengua está diseñada para enmascarar el pensamiento. Orwell la utilizó magníficamente en su obra 1984. Se trata de ocultar el verdadero sentido de las palabras para trastocar con otras su auténtico significado. Se trata de dulcificar lo que puede ser problemático.

La retahíla de términos del neolenguaje en nuestros días es ya interminable. Así el nacionalismo lo utiliza para enmascarar una propuesta radical que resulta polémica por alterar el sistema político actual. Se trata del neolenguaje que maneja términos como nuevo estatus, bilateralidad y derecho a decidir. Los tres son elementos complementarios el uno de los otros. No tiene sentido uno de esos términos sin considerar a los otros dos. En el fondo se trata de modificar radicalmente el sentido de la Constitución de 1978. Con ellos se cuestiona el aspecto más importante de la misma, cual es determinar quién debe ser el sujeto de la soberanía. Sabido es que el artículo 1º, apartado 2 de la Constitución lo establece claramente: el conjunto del pueblo español. Con el nuevo lenguaje utilizado por el nacionalismo se trata en realidad de cambiar radicalmente el sujeto de la soberanía que pasaría a estar compartida.

El nuevo estatus en este contexto pasaría a proponer un sistema confederal con derecho a decidir sobre la posibilidad de independizarse una parte del territorio por la población del mismo. Una nación de naciones en el mejor de los casos. La relación soberana entre el conjunto del país y una parte del mismo sería en este supuesto bilateral, de tú a tú. Mejor llamar a las cosas por su verdadero nombre para no despistar y que cada uno sepa a que atenerse.